La propuesta del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español , sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación ha causado extrañeza y sorpresa en el Ejecutivo, que tacha de "surrealista" el último auto del magistrado.
"Se explica por sí solo", ha manifestado en los pasillos del Congreso la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, al ser preguntada por el caso.
La noticia ha sorprendido a los miembros del Gobierno saliendo del hemiciclo tras participar en la sesión de control y en los corrillos se analizaba cada detalle, como el momento procesal elegido por el juez Peinado para dar este paso, sin haber cerrado la instrucción.
Citados para "concretar la imputación"
En su auto, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba la presunta malversación "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y cita a los tres el sábado para "concretar la imputación" contra ellos.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha evitado hacer comentarios y se ha limitado a subrayar que "el sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y, sin duda, un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto".
Se refería al momento en el que el juez pidió su imputación al considerar que había "indicios razonables, sólidos y cualificados" de que él también había participado en esa malversación por el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez. El alto tribunal lo archivó al estimar que había "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud". "Me gustaría hablar de cosas serias", ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando se le ha preguntado por la última decisión del juez Peinado.
