Mientras el Tribunal Supremo amaga con imponer medidas al Gobierno español por su inacción ante el millar de menores migrantes que solicitan asilo en Canarias, el presidente de las islas y el lehendakari Pradales vuelven a sumar fuerzas para pedir al Estado un plan para una gestión ordenada. Las islas, que sufren una intensa presión migratoria con el drama de los cayucos, y la CAV, que es una zona de gran tránsito hacia el resto de Europa por la muga con el Estado francés, vuelven a liderar un debate que permanece atascado en un bucle de dejación de funciones y acusaciones cruzadas entre las comunidades del PP y el Gobierno español.
Pradales y Clavijo piden al Estado que redacte de una vez por todas un Plan Integral y Estructural de Política Migratoria, en lugar de poner parches puntuales que no resuelven la situación. Fernando Clavijo e Imanol Pradales volverán a liderar la petición este viernes en la conferencia de presidentes autonómicos que organiza Pedro Sánchez en Barcelona, donde presentarán una propuesta para diseñar el plan. En la conferencia de diciembre, ya propusieron unos indicadores para el reparto de los menores migrantes no acompañados que después terminarían inspirando los criterios aprobados por el Gobierno español. Lo que se plantea ahora es más amplio, redactar un plan integral que afecta a los menores y a los que no lo son; que contemple una memoria económica, que reconozca el esfuerzo que hacen Canarias y la comunidad autónoma vasca como fronteras norte y sur de paso al resto de Europa, y que establezca los mecanismos de gobernanza.
La premisa del documento está clara: “Una política migratoria desarticulada, descoordinada o reactiva puede generar inseguridad, vulnerabilidad y desigualdades tanto para las personas migrantes como para el conjunto de la ciudadanía”.
Pradales y Clavijo ya saben cómo funcionan las conferencias de presidentes y no esperan que cuaje ningún acuerdo, menos todavía en un clima político tan crispado como el actual. Sin embargo, su iniciativa pretende sobre todo ser un toque de atención, abrir un nuevo melón, y que el Estado deje de actuar a golpe de cayuco porque este reto es un fenómeno estructural y no es flor de un día. Los tribunales también aprietan al presidente español. Sánchez tiene sobre la mesa el auto del Supremo, que se queja de que el Estado no haya realizado siquiera una lista de los menores que están en Canarias ni haya atendido sus solicitudes de asilo, y le solicita que movilice los recursos personales y materiales necesarios para que se puedan atender estas peticiones en un plazo razonable de tiempo. Recuerda que estos menores se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El Estado es quien tiene la competencia para reconocer el asilo y también controla las fronteras, y después entran en juego las comunidades autónomas en la fase de atención social e integración (o las diputaciones forales para los menores, en el caso vasco). Sin embargo, este asunto se ha convertido en un argumento para la confrontación entre el PP y el Gobierno español, con la tentación de lavarse las manos.
Derechos y deberes
Las competencias son compartidas y, por ello, los gobiernos vasco y canario piden un plan compartido para una solución coordinada, humanitaria y sostenible. Piden un plan para “establecer acciones estratégicas claras y sostenibles, garantizando derechos y deberes, integrando a las personas migrantes en la sociedad, y promoviendo su contribución al desarrollo”. Solicitan al Gobierno español un “marco normativo justo, inclusivo y adaptado a la realidad cambiante, que promueva la integración, la cohesión social y el respeto por los derechos humanos”, y que deje atrás “las soluciones temporales, parches o respuestas improvisadas”.
La petición trascendió en primer lugar por los canales oficiales del gobierno canario, que es quien ha puesto sobre la mesa las propuestas todos estos meses y ha solicitado un respaldo que el lehendakari Pradales le ha dado. Los gobiernos solicitan que el plan incluya un diagnóstico de situación y prospección de escenarios futuros, gobernanza y participación, acciones concretas y metas específicas, indicadores de evaluación y seguimiento, memoria económica y recursos, y planificación flexible y adaptativa.
En cuanto al diagnóstico, los dos gobiernos piden realizar una radiografía de los flujos migratorios con la edad y el género de las personas que dejan sus países, las causas que motivan su situación, y también los efectos sociales y económicos que produce esta realidad. Proponen mapear las vulnerabilidades, necesidades, derechos y deberes de estas personas, “un reconocimiento de las fronteras norte-sur en el Estado” (llevaría aparejada la dotación de recursos), un marco normativo europeo, análisis de riesgos y oportunidades... Se apuesta por la flexibilidad, porque las circunstancias son cambiantes. Además, solicitan incluir a distintos niveles institucionales, a agentes del tercer sector social y del ámbito educativo, y crear órganos de coordinación.
En cuanto a las metas, reclaman medidas para gestionar los flujos migratorios, programas de integración laboral y social, medidas de prevención y atención de la migración que llega por cauces irregulares, combatir la xenofobia... Solicitan indicadores claros y medibles, un sistema de evaluación, y redactar un presupuesto con fuente de financiación.
Melgosa pide actuar, no solo cuando hay "tirones de oreja"
Nerea Melgosa puso voz a la propuesta que va a plantear el lehendakari Pradales con el líder canario en la conferencia de presidentes autonómicos. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico pidió que se actúe, no solo cuando llegan los “tirones de oreja” o cuando hay sentencias que obligan a hacerlo. Sobre el auto del Tribunal Supremo, que amaga con tomar medidas por la inacción del Gobierno español, dice que "es un tirón de orejas al Estado por no cumplir sus deberes; no podemos andar continuamente con sentencias y otras cuestiones, sino trabajar con un plan migratorio". "Las políticas migratorias no se pueden hacer a golpe de tirones de orejas o de conferencias sectoriales. Una vez más, tienen que ser Euskadi y Canarias las que lleven la voz cantante, que estamos encantados de hacerlo, pero no es nuestro cometido. Son el lehendakari Pradales y el presidente Clavijo los que ponen el fenómeno migratorio sobre la mesa", evidenció.
Melgosa añadió que es cierto que el Estado español tiene “parte” de las competencias, y que también tienen atribuciones las comunidades autónomas, y las diputaciones forales en el caso vasco y de los menores migrantes no acompañados. Por ello, “es importante la cogobernanza participativa”.
Defendió la redacción de un plan que recoja una evaluación de la situación, una memoria económica, y que recoja esos mecanismos de cogobernanza. La propuesta “está totalmente trabajada” y demuestra, a juicio de la consejera, que “tenemos un liderazgo y otros no hacen los deberes”. Su “esperanza” es que en la conferencia de presidentes de este viernes se haga “política con mayúsculas”, aunque el Gobierno vasco hace tiempo que no se genera grandes expectativas sobre estas citas. El lehendakari Pradales vuelve a coliderar con Canarias una llamada de atención al Gobierno español, en sintonía con el mensaje que lanzaba estos días a favor de una migración ordenada. Cree que hay que abordar este reto y hacerlo de manera ordenada porque, de lo contrario, se darán alimento y excusas a los partidos extremistas como Vox.