El XXI Congreso Nacional del PP ha actualizado el ideario político de esta formación, que deja de fijar una posición sobre el aborto, no aborda debates como la gestación subrogada o la eutanasia y recoge compromisos como el de ser implacable con las denuncias falsas sobre violencia machista.
El PP al completo ha debatido su ideología y su posicionamiento social ocho años después de su último congreso ordinario, que tuvo lugar en 2017, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y del PP y cuando Vox no era un competidor en la arena política.
La ponencia política que han alumbrado refleja cómo han cambiado las discusiones públicas en este período.
Sin posicionamiento sobre el aborto
El ejemplo del aborto es sintomático. Sin enmiendas al respecto, el PP ha dejado de fijar un posicionamiento, después de que el Tribunal Constitucional diese luz verde a la ley de plazos, que los populares recurrieron, y pese a ser este un tema que tradicionalmente crea división en el seno del partido.
Como ocurrió con el matrimonio igualitario, que terminó naturalizando y aceptando pese a que también lo recurrió ante el Constitucional, el PP obvia su anterior oposición a la interrupción voluntaria del embarazo.
Los populares apuntan ahora que "la decisión de tener un hijo tiene que ser personal" y se enfocan en facilitarla, con medidas como la de apoyar la congelación de óvulos -ahora en el terreno de la medicina privada- para garantizar la maternidad a edades tardías. Además, se apuesta por tener en cuenta al "concebido no nacido" de cara a acceder a beneficios familiares.
También reivindican el "papel fundamental del padre" y dicen que "familia es la que cada uno forma libremente, como cada uno elige, para desarrollar su propio proyecto vital".
Atrás queda la máxima de que "el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad". No en vano, Alberto Núñez Feijóo sostuvo en 2023 que dentro de los requisitos que fija la ley, el aborto es un "derecho" de la mujer que se debe "regular".
Por otra parte, el PP no alude a la gestación subrogada, una práctica que acordaron debatir en 2017, cuando Ciudadanos defendía su legalización.
Luchar contra la violencia machista sin criminalizar a los hombres
El PP ha sustituido el término de violencia de género por el de violencia machista y promete una respuesta firme contra este delito estructural -con prisión permanente revisable para los reincidentes-, al tiempo que incorpora guiños a posiciones más duras.
Por ejemplo, pide combatir la violencia machista "sin criminalizar a los hombres por el mero hecho de serlo" o "ser implacable con las denuncias falsas": "La justicia consiste en juzgar a los culpables, no en condenar a los inocentes".
Piden retrasar al máximo el cambio de sexo en menores
El PP aboga además por proteger a los menores y "retrasar al máximo cualquier tratamiento de cambio de sexo" para que esas decisiones se tomen "sólo con plena madurez y con el acompañamiento psicosocial y médico adecuado", en línea con lo que han planteado dirigentes como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Defienden además que debe ser el sexo biológico el que rija las competiciones deportivas y rechaza la autodeterminación de género actualmente recogida en la legislación, que supone que las personas trans puedan cambiar su sexo en el Registro Civil sin la exigencia de informes ni tratamientos, con su voluntad expresa.
Según el PP, esta posibilidad provoca inseguridad jurídica y profundiza "en el borrado de las mujeres", que es la alegación que hace cierto sector del movimiento feminista, que considera que la categoría mujer se define en función del sexo asignado al nacer, sin incluir por tanto a las mujeres transexuales.
Relacionan los permisos de residencia con la lengua y la cultura españolas
El PP endurece su política migratoria, que vincula con la seguridad, y apuesta por desligar el empadronamiento de personas en situación irregular con las prestaciones económicas al entender que "la irregularidad no puede generar derechos".
Aboga además por condicionar la residencia de larga duración a que se contribuya a la seguridad social y al conocimiento de la lengua y cultura españolas.
También promete tolerancia cero con los migrantes que cometan delitos "y con los que no se quieran integrar", apuesta por el control de fronteras y rechaza el 'burka' o el 'niqab', al considerar que "invisibilizan u oprimen a la mujer" y que colisionan con la seguridad. Todo ello en una ponencia que aboga además por derogar la ley de memoria histórica o habla de "inquiocupación".
