Las asociaciones de jueces y fiscales que han convocado tres días de huelga –1, 2 y 3 de julio– contra las reformas anunciadas por el Gobierno español del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía, al considerar que suponen un ataque al Estado de Derecho, han cifrado el seguimiento durante esta primera jornada, hasta las 13.00 horas, en un 75%.
Así lo han anunciado en una rueda de prensa los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, ha explicado que el dato ofrecido se basa en el número de 'emails' que han recibido en la cuenta de correo electrónico habilitada por el comité de huelga de parte de los jueces y fiscales que han decidido comunicarlo, porque se trataba de una comunicación voluntaria.
Por su parte, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha calculado que, en ese 75% hay unos 1.000 fiscales, de los 2.500 que integran la carrera, si bien ha recalcado que se trata de un dato aproximado.
Se trata del único dato disponible puesto que ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrecerán cifra oficial al no dar por convocada la huelga. El Ministerio de Justicia les ha pedido que hagan recuento para poder descontar salario a los huelguistas, algo que los portavoces han considerado "normal".
"Estamos muy satisfechos, creemos que es un éxito", ha dicho Del Barco, en unas declaraciones que han compartido el resto de portavoces, entre ellos Sergio Oliva (AJFV), Fernando Portillo (FJI) y Salvador Viada (APIF).
Dexeus ha considerado que, en el caso de los fiscales, tienen que estar "orgullosos" del seguimiento porque, según ha explicado, las órdenes dictadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que dijo que había que garantizar algunos servicios, incluidos los señalamientos fijados con anterioridad a la convocatoria de huelga y que no hubiera suspendido el juzgado, "prácticamente hacían imposible que el fiscal hiciera huelga si no la hacía el juez correspondiente". "Teníamos que hacer de comparsa", ha denunciado.
Oliva, en unas palabras que también han recabado el apoyo de sus compañeros, ha pedido "perdón" a los ciudadanos, como usuarios de la administración de justicia por los perjuicios que esta medida pueda ocasionar.
En este sentido, Del Barco ha querido dejar claro que ni a jueces ni a fiscales les gusta hacer huelga. "Pero nos obligan", ha lamentado. "Nunca quisimos llegar hasta aquí, pero nos hemos visto forzados a ello", ha ratificado Dexeus.
Justicia "ni siquiera ha llamado"
Al hilo, el portavoz de AJFV, juez experto en asuntos laborales, se ha mostrado verdaderamente sorprendido por el hecho de que "el Ministerio de Justicia no haya llamado" para evitar la huelga. "Es que no lo concibo (...) Que el empleador no intente evitar un conflicto colectivo es algo que no me cabe en la cabeza", ha manifestado.
En esa línea, ha asegurado que les habría encantado "entrar en una mesa de negociación y poder llegar a un entendimiento", al considerar que las asociaciones de togados tienen "mucho que aportar". "No somos una especie de conspiración judeo-masónica que va contra el Gobierno. Queremos lo mejor para la ciudadanía", ha aseverado.
No obstante, ha hecho hincapié en que en este caso no es solamente que "el Ministerio ni siquiera ha llamado", sino que la tramitación parlamentaria se ha planteado como urgente, lo que da menos margen a posibles cambios.
Sobre esto, ha recordado que se pidieron reuniones con los grupos parlamentarios y solo recibieron respuesta de PSOE, PP y Vox. Mientras estos dos últimos presentaron enmiendas a la totalidad, los socialistas no se hicieron eco de sus propuestas en las enmiendas presentadas, ha precisado. Para Del Barco, se trata de la respuesta esperada.
Una huelga política "sería ilegal"
Interrogados sobre las razones que les han llevado a la huelga, han enfatizado que no se trata de una protesta política, mostrándose conscientes de que "sería ilegal".
"Tiene elementos profesionales, de peso, clarísimos", ha sostenido el portavoz de AJFV. Por "citar dos", ha mencionado que se les asigne "ficticiamente" a quienes entren por el llamado 'cuarto turno' cinco años de antigüedad, algo que les servirá para poder acceder a "la cúpula judicial". También se ha referido al proceso extraordinario de regularización de mil jueces sustitutos, al considerar que ambas medidas perjudicarán, sobre todo, a "los opositores".
Del Barco ha apuntado asimismo al hecho de que se introduzca en la Comisión de Ética Judicial, "órgano independiente", a cuatro miembros de designación parlamentaria. "Es gravísimo (...) ¿Pretendemos politizar también la Comisión de Ética Judicial?", ha cuestionado. De la misma forma, ha criticado que se "cercene" la capacidad de elección de las salas de gobierno de los tribunales: "Es nuestra democracia interna".
Respecto a los fiscales, Dexeus y Viada han advertido de que quedarán "desasistidos" por la reforma del Consejo Fiscal, al que se priva de sus facultades ejecutivas; apuntando también a la falta de mecanismos para canalizar las "discrepancias con las órdenes recibidas" del superior jerárquico; y al hecho de que el régimen sancionador, el de incompatibilidades y la promoción queden en manos del fiscal general del Estado, "prácticamente de manera absolutista".
A ello han sumado que la reforma planteada para la Fiscalía se produce de cara a entregar a los fiscales las investigaciones penales, ahora en manos de los jueces, pero sin darles el mismo estatus de independencia. "Una Fiscalía que pueda estar en algún momento dominada por el Gobierno, cualquiera que sea, no es una Fiscalía que convenga a ninguno de los ciudadanos", ha dicho Dexeus.
En defensa del Poder Judicial
En este contexto, al ser preguntados si con esta protesta, dado que el Ministerio de Justicia ya les ha trasladado que no dará marcha atrás en las reformas y que los únicos grupos parlamentarios que han recogido sus quejas no han podido hacer avanzar sus enmiendas, están interfiriendo en los otros poderes del Estado, lo han rechazado de plano. "No estamos intentando introducirnos en el ámbito de otro poder, sino defender el Poder Judicial", ha contestado Portillo.
Del Barco ha destacado que llevan "mucho tiempo" viendo reformas que les parecían "inasumibles", pese a lo cual han intentado actuar "de forma escalonada" para "que esto no llegara". Llegados a este punto, se trata de una "obligación ética" en defensa del Estado de Derecho, ha fijado.
Viada ha apostillado que el objetivo es dar "un grito de auxilio" de que se está alcanzando el punto de no retorno hasta "cargarse" el Estado de Derecho. Y "quien está tomando estas medidas lo hace en un contexto de casos de corrupción que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno y al partido del Gobierno (...) Es demasiado grosero", ha espetado.
Interrogados sobre si sopesan llamar a la huelga indefinida, Del Barco se ha mostrado en contra, a título personal, recordando que, una vez concluidas las tres jornadas de huelga, las cinco convocantes valorarán los pasos a seguir.
