Santos Cerdán entra en prisión tras declarar en el Supremo

Santos Cerdán ya ha ingresado en la cárcel de Soto del Real. El juez Leopoldo Puente ha dictaminado prisión provisional y sin fianza para Santos Cerdán, quien ha comparecido a las 10.00 de la mañana en el Tribunal Supremo para declarar por primera vez como imputado en el marco de la trama de supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones irregulares de obra pública.

Tras su comparecencia, el instructor del caso ha ordenado el ingreso en prisión de Cerdán -provisional, comunicada y sin fianza- por su supuesta implicación en la trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, atribuyéndole los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El exdirigente socialista ha llegado al alto tribunal a las 09:49 horas, entre gritos de "corrupto" y "sin vergüenza", y ha negado ante el juez haber participado en el reparto de mordidas o cobros ilegales.

A preguntas de su abogado, Santos Cerdán ha negado haber participado en adjudicaciones a cambio de cobros irregulares y se ha presentado como víctima de una persecución política.

Cerdán: una persecución política

Tras negar los hechos por los que se ha declarado en calidad de investigado, y que le sitúan a la cabeza de la supuesta trama de corrupción, Cerdán ha atribuido la apertura de la investigación judicial a una persecución política por haber negociado la investidura de Pedro Sánchez con PNV y EH Bildu.

Durante su declaración ante el magistrado ha asegurado que el siguiente en ser perseguido será el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por haber negociado con Junts. Sobre uno de los principales indicios de esta causa -las conversaciones que durante cuatro años grabó Koldo García-, Santos Cerdán se ha limitado a anunciar que solicitará una prueba pericial de dichas grabaciones.

Tras escuchar su versión de los hechos, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado que dictamine prisión provisional sin fianza ante la existencia de riesgo de fuga y reiteración delictiva, y por su supuesto liderazgo de una presunta organización criminal. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha alegado que en el caso de Cerdán existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Las acusaciones populares, cuya dirección letrada dirige el PP, también han reclamado al instructor que ordenase el ingreso en prisión.

En el caso de Ábalos y Koldo García ni juez ni Fiscalía vieron necesario dictaminar el ingreso en prisión para ninguno de los dos. No obstante, el magistrado del Supremo sí lo ha visto oportuno tras escuchar su declaración como imputado, que ha durado alrededor de una hora. Leopoldo Puente ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE, quien solo ha contestado a preguntas de su abogado, ni siquiera del propio magistrado ni del fiscal.

Informe Cerdán

La comparecencia del exsecretario de Organización del PSOE se ha producido tras revelarse el contenido del denominado 'informe Cerdán'. El informe de la UCO fue hecho público el pasado 12 de junio.

El magistrado ya avanzó que, tras tomar declaración a Santos Cerdán, valoraría la adopción de medidas cautelares como hiciera con los otros investigados: Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama. A los tres, a petición de Fiscalía, les impuso la prohibición de salir del Estado español, les retiró el pasaporte y dictamino su comparecencia cada 15 días ante una sede judicial.

Ábalos niega los audios y Koldo calla

José Luis Ábalos, en su declaración ante el juez, dijo que no se reconocía en los audios recogidos en el informe de la UCO, sugiriendo que podrían estar manipulados. El exministro también negó cualquier implicación en adjudicaciones irregulares o el cobro de comisiones, mientras que su exasesor, Koldo García, optó por guardar silencio en su segunda comparecencia ante el Supremo.

Según los agentes de la UCO la implicación de Cerdán en el caso es clave y la presunta trama habría nacido en 2015 en Navarra, área de influencia de Cerdán y Koldo García. Los agentes de la Guardia Civil sitúan a ambos como protagonistas de una trama que creció a medida que ellos y, posteriormente Ábalos, fueron ganando relevancia política.

Los investigadores de la UCO sostienen que el rol de Cerdán en estas supuestas corruptelas fue modificándose con el paso de los años. Tras el ascenso de Ábalos y Koldo al Ministerio de Transporte su papel habría menguado al de un gestor de "pagos", pero tras la caída de ambos Santos Cerdán habría vuelto a tomar los mandos.

La Guardia Civil sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros.

Servinabar

Uno de los puntos del interrogatorio a Cerdán se ha centrado en el contrato privado hallado el pasado 10 de junio, en el registro de la casa del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola. El documento, aportado al Supremo, refleja que en 2016 -un año después de que se iniciara la presunta trama- el exdirigente socialista adquirió por 6.000 euros el 45% de Servinabar.

El informe del UCO refleja que esta empresa, en la que Alonso Egurrola figura como administrador único, recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro. Fuentes de la defensa de Cerdán cuestionaron la validez de dicho documento, al reducirlo a "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y, por tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno".

Sin embargo, el Consejo General del Notariado ha explicado que los contratos privados no elevados a escritura pública, como sería el caso, surten efectos entre los firmantes, aunque no ante terceros, al tiempo que ha advertido de que suelen buscar la ocultación del verdadero propietario. La tanda de declaraciones de imputados que desencadenó el 'informe Cerdán' seguirá el próximo viernes, con las de los empresarios Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de OPR, y José Ruz, vinculado a LIC. El 7 de julio será el turno del Alonso Egurrola y Fernando Merino, ex directivo de Acciona Construcción.