Sánchez vuelve a prometer la reforma de los secretos oficiales en su plan para este año

En su última pregunta de control en el Congreso antes de asumir la presidencia del PNV, Aitor Esteban ponía sobre la mesa uno de sus empeños más destacados de los últimos años. Pedía “por enésima vez” al presidente español que cambie la Ley de Secretos Oficiales porque “no es de recibo que sigamos con la ley franquista”, una ley de 1968 que impide acceder a la información del Estado sobre distintos episodios (muchos de ellos, traumáticos) que han marcado la historia de la transición y la democracia como los GAL. “Espero verlo, no estando yo aquí, pero sí en esta legislatura”, acuciaba Esteban. Pedro Sánchez parecía recoger el guante, aunque era complicado asegurar si se trataba de una simple promesa más en el marco de una despedida de grandes elogios hacia Esteban, o si realmente tenía pensado dar un impulso a este debate que nunca termina de despegar. “Cuente con que en esta legislatura vamos a modificar la Ley de Secretos Oficiales”, respondió. Y, precisamente hace unos días, el Gobierno español presentó su Plan Anual Normativo para este año 2025, un plan en el que, en efecto, aparece la Ley de Información Clasificada, que es el nombre que ha venido dando en los últimos tiempos el Gobierno de Sánchez al anteproyecto para reformar la ley franquista. 

Que aparezca en el plan normativo significa que el Gobierno español se compromete a impulsar él mismo un proyecto en este sentido. Y en ámbitos próximos al PSOE se da por hecho que ocurrirá en las próximas semanas. Por tanto, habrá que hacer encaje de bolillos y negociar, porque el PNV ya había registrado nuevamente su propia propuesta de reforma, que además había sido admitida a trámite en el Congreso a principios del año pasado. La iniciativa jeltzale es más ambiciosa y quiere garantizar la transparencia con un plazo para la desclasificación de los secretos oficiales de 25 años, con una prórroga excepcional y motivada de diez años. Las materias que se denominan “reservadas” verían la luz en 10 años. Y añade un detalle importante: las materias que ya hayan cumplido ese plazo a la entrada en vigor de la ley serían publicadas de manera automática. En cambio, el borrador que había trabajado el Gobierno español antes de las elecciones de 2023 contemplaba plazos de hasta 50 años, lo que convertía la iniciativa en una reforma “gatopardiana” para el PNV. 

En el Plan Normativo del año pasado, 2024, Sánchez había renunciado a repescar el borrador que decayó por las elecciones. La Ley de Información Clasificada no aparecía entre las 198 iniciativas del paquete, y el ministro Bolaños confirmó esa ausencia y que “se puede trabajar” con la propuesta jeltzale y con los principios del borrador que había decaído, pero no iban a llevar la iniciativa en el debate. Ahora, el criterio vuelve a cambiar, y sí habrá proyecto del Ejecutivo. Esta era una posibilidad que se venía barajando en los últimos meses, ya que, en el tramo final del año pasado, el Gobierno español había recuperado la idea de reformar los secretos dentro del Plan de Acción por la Democracia que impulsó tras el retiro de cinco días de Pedro Sánchez por la ofensiva judicial sobre su pareja, Begoña Gómez.

Los ministerios proponentes

El Plan para 2025 propone la reforma “dentro del marco previsto en el artículo 105.b) de la Constitución Española, según el cual la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. El ministerio proponente es el de Félix Bolaños, el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y aparecen como coproponentes el de Exteriores (Albares) y Defensa (Robles) e Interior (Grande-Marlaska).

Zabalza, 3 de marzo...

De la reforma depende que se conozcan, por ejemplo, los papeles sobre la muerte de Mikel Zabalza en 1985 tras su detención en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, la muerte de cuatro personas en el bar Aldana de Alonsotegi en 1980, la matanza del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz en una asamblea de trabajadores, el fallecimiento de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978 o el intento de golpe de Estado de 1981. La propuesta del PNV fue admitida a trámite en febrero de 2024. Era la cuarta vez que sucedía con la iniciativa jeltzale, y siempre ha quedado varada con las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas.