El 'Plan de acción por la democracia' incluye una treintena de medidas para impulsar la transparencia de las administraciones públicas y de los medios de comunicación que implican aprobar nuevas normas y reformar numerosas leyes vigentes, desde la que regula la publicidad institucional a la ley electoral.

Estas son las principales medidas incluidas en el plan:

Ampliar la información gubernamental

  • Aprobar una nueva Estrategia de Gobierno Abierto y enviar a las Cortes un proyecto de ley de Administración Abierta para reforzar la transparencia y los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés.
  • Establecer una obligación legal de rendir cuentas cada seis meses para todas las administraciones.
  • Aprobar una estrategia contra la corrupción, crear la Autoridad independiente de protección del informante y ampliar la plantilla de la Fiscalía para luchar contra la corrupción pública y privada.
  • Reformar la ley de secretos oficiales.
  • Celebrar en Gasteiz la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025.

Transparencia y pluralidad en el "ecosistema informativo"

  • Crear un registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.
  • Obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.
  • Reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de proporcionalidad y no discriminación, garantizar sistemas de medición de audiencia transparentes y apoyar a los medios en lenguas oficiales diferentes del castellano.
  • Limitar la financiación de las administraciones públicas a los medios, para que no haya medios impulsados o dependientes de ellas.
  • Impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas y trasponer la directiva que les protege de acosos externos
  • Reformar el artículo 36 de la denominada 'ley mordaza', que castiga el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
  • Revisar el marco regulatorio para garantizar el pluralismo y evitar la concentración de los medios de comunicación.
  • Aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.
  • Reformar la ley de protección al honor y la intimidad y la ley que regula el derecho de rectificación.
  • Reforma de los artículos del Código penal que limitan la libertad de expresión, como los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.
  • Programa dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios
  • Reformar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.
  • Crear una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.

Reglas para el poder legislativo y el sistema electoral

  • Reforma del Reglamento del Congreso para fijar la obligación de celebrar anualmente el debate sobre el estado de la nación.
  • Reformar la ley electoral para establecer la obligación de celebrar debates electorales y de publicar los microdatos de las encuestas.
  • Reforzar las sanciones para los diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes o den información falsa o incompleta.
  • Aprobar una ley de grupos de interés con un código de conducta durante el proceso legislativo.
  • Reforzar las sanciones a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.