Alberto González Amador ha solicitado al Tribunal Supremo que impute al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en relación a la orden que dio para que la Fiscalía de Madrid difundiera una nota sobre los correos entre la defensa de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso y el fiscal Julián Salto, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La petición se incluye en un escrito remitido a la Sala Segunda después de que el pasado mes de julio el magistrado Francisco José Goyena elevara al Alto Tribunal la causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, en relación a la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Según apuntan las mismas fuentes, en el escrito se solicita a la Sala Segunda que se requieran los emails de la cuenta personal del fiscal general del Estado.

Sobreseimiento

El TSJM elevó exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que se tomara en consideración, si así lo estimaba procedente, declararse competente para la continuación de las presentes diligencias.

En otra resolución, el magistrado acordaba el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto del querellado Julián Salto al entender que las diligencias de investigación practicadas "ponen de relieve, sin mayor duda, que su actuación en relación a la elaboración de la Nota Informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue meramente instrumental".

La inhibición se produjo después de que el instructor diera traslado a las partes de un escrito en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumía la responsabilidad en la difusión de la nota sobre los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal querellado Julián Salto y la defensa de Alberto González.

Primero lo hizo verbalmente en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril y posteriormente lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el pasado día 10, en el que además solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo.