La jueza de instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha rechazado la petición de las acusaciones ejercidas por PSOE y Más Madrid de ampliar la investigación a Alberto González Amador, parejade la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por supuestos fraude fiscal y falsedad documental.
En un auto la magistrada desestima las diligencias solicitadas por ambos partidos al entender que "muchas de ellas pueden resultar innecesarias por tener por objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados y otras pueden considerarse prospectivas al no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto" de esta causa.
Y "en cuanto a los hechos que pudieran ser conexos la práctica de las diligencias interesadas supondría excesiva complejidad y dilación en el procedimiento, que se alargaría durante varios años", con lo que "impediría el pronto enjuiciamiento exigido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal", añade la jueza.
Ambas acusaciones populares solicitaron la práctica de una serie de diligencias alegando que a la vista del informe de la inspección de la Agencia Tributaria y otros indicios conocidos por medios de comunicación, los hechos objeto de esta causa podrían no limitarse a los delitos que se investigan.
La causa se sigue por dos supuestos delitos fiscales en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021 que habrían supuesto una defraudación de 350.951 euros y otro de falsedad en documento mercantil.
La investigación se remonta al pasado mes de marzo, cuando la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados contra Alberto González Amador y otros cuatro empresarios al detectar unos movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de Díaz Ayuso por su enriquecimiento durante la pandemia.
Petición rechazada
PSOE y Más Madrid estiman que González Amador pudo haber incurrido en el tipo agravado del delito contra la Hacienda Pública por utilizar una sociedad interpuesta para eludir obligaciones fiscales, además de haber cometido delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y falsedad contable por lo que pidieron diligencias para ampliar las pesquisas por los mismos.
Respecto al primero la jueza argumenta que "no concurren los requisitos de dicho tipo penal dado que ni la cuantía defraudada excede de 600.000 euros ni existen indicios de comisión del delito en el seno de una organización criminal".
En cuanto al delito contable entiende que quedaría absorbido en el de defraudación a la Hacienda Pública que ya se investiga, al tratarse de un mero acto preparatorio de la misma.
Tampoco aprecia delito de administración desleal por el hecho de que Alberto González Amador disfrute de los bienes de las empresas investigadas Maxwell Cremona o Masterman para sus gastos personales porque él es el único dueño del capital social de las mismas, ni corrupción en los negocios.
En todo caso, la jueza recuerda a las acusaciones que si entienden que existen otros hechos delictivos que deben investigarse una vez examinado el informe de la Agencia Tributaria, que contiene aproximadamente 1.500 archivos, pueden presentar la correspondiente querella o denuncia ante el órgano judicial que corresponda.
