El Ministerio del Interior ha remitido un informe al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que explica que los Mossos d'Esquadra no requirieron a la Policía y Guardia Civil apoyo para detener a Carles Puigdemont y que, dada su competencia y capacidad, no desplegaron "operativos paralelos".
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska alude a la "competencia y capacidades operativas" de los Mossos como "policía integral en Cataluña", que informó al ministerio de su "dispositivo específico" para arrestar a Puigdemont el pasado jueves, cuando logró entrar en Barcelona, dar un mitin y huir de nuevo del país sin ser arrestado.
Según explica el Ministerio en un comunicado, Interior ofreció a la policía catalana cualquier apoyo operativo, "sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio e información e inteligencia".
Interior asegura que el arresto del expresidente catalán es "un objetivo prioritario" y apunta que en los dispositivos de control establecidos por la Policía y la Guardia Civil en la frontera con Francia, en los puertos y en los aeropuertos "no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont".
El Gobierno español Bolaños la "discrepancia" con el Supremo
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho este martes que "la discrepancia" que ha mostrado el Gobierno español con respecto a la interpretación de la ley de amnistía que hace el Supremo en el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la "comparten todas las partes que están personadas en ese procedimiento".
Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Almería junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al ser interpelado por la entrevista en la que este último acusó al Tribunal Supremo (TS) de "extralimitarse".
"Creo que la posición del Gobierno en relación con esa resolución judicial del Tribunal Supremo, inaplicando la ley amnistía, es una posición conocida. Ya en su día mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos, también con las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Tribunal Supremo", ha dicho.
"Esta discrepancia que el Gobierno de España mostró con esa resolución del Tribunal Supremo es una discrepancia que comparten todas las partes que están personadas en ese procedimiento. No hay ninguna parte judicial, excepto Vox. Todas las partes que están allí personadas, incluyendo la Abogacía del Estado, incluyendo la Fiscalía, han recurrido a esa resolución del Tribunal Supremo", ha insistido.
De esta forma, Bolaños ha instado a esperar a que la sala de apelaciones del Alto Tribunal se pronuncie y "acoja los argumentos jurídicos muy potentes para la aplicación de una ley que es tan clara como es la ley amnistía".
"Somos un Estado de derecho, por tanto, contra las resoluciones contra las que uno discrepa, lo que cabe es presentar recursos. En este caso ya digo que han recurrido todas las partes, incluyendo la Abogacía y la Fiscalía, excepto el partido ultraderechista Vox. Y por tanto, ahora lo que procede es esperar que la sala de apelaciones acoja los argumentos jurídicos y se pueda aplicar con toda normalidad la ley amnistía", ha dicho.
No obstante, ha sostenido que a pesar de de esta discrepancia, si la causa deriva en una "orden activa de detención sobre esa resolución judicial, sin ninguna duda, esa orden de detención hay que aplicarla".
