El Gobierno vasco culminó este viernes el acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el traspaso de dos de las tres transferencias comprometidas para este primer trimestre, las concernientes a los ferrocarriles de Cercanías y a la homologación de titulaciones extranjeras. Un gran paso adelante en cuanto al avance en el cumplimiento íntegro del Estatuto, pendiente desde 1979, al que la próxima semana se pretende sumar la tercera de las materias apalabradas, referida a la política migratoria. Este consenso deberá ser ratificado por la Comisión Mixta de Transferencias en una próxima fecha, aún por determinar. 

La ponencia técnica celebrada por vía telemática en la tarde de hoy entre ambos Ejecutivos recoge la gestión por parte de Euskadi de los servicios de trenes existentes en Bizkaia y Gipuzkoa, así como la posibilidad de declarar otros. En el caso de los ferrocarriles, ya se creó hace cuatro décadas un operador autonómico, Euskotren, que asumió las Cercanías de vía estrecha internas, mientras que la vía estrecha compartida con otras comunidades (Feve) y de ancho ibérico (Renfe) quedaron en manos del Estado. El logro, amarrado en puertas de las elecciones al Parlamento, que estuvo a punto de ser cerrado hace dos años, posibilita que la Administración vasca y no la estatal sea la que tutele Renfe, un traspaso que trasciende a la movilidad y abre la puerta a una gestión más cercana y eficaz del transporte, mejorando la conectividad con un servicio que afecta de forma inmediata a las personas usuarias y que tendrá un impacto importante en la sostenibilidad energética y medio ambiental.

“Habríamos podido sacarnos la foto mucho antes pero el acuerdo estaría vacío para ofrecer un servicio de excelencia”

El traspaso ferroviario se centra en los servicios de Cercanías de Bizkaia (Bilbao Abando-Barakaldo-Santurtzi; Bilbao Abando-Barakaldo-Muskiz; Bilbao Abando-Laudio-Orduña; Bilbao-Balmaseda) y de Gizpukoa (Irun-Donostia-Tolosa-Brinkola). Además, se podrán declarar nuevos entre Bilbao y Karrantza, en el herrialde vizcaino, así como, entre Araia-Gasteiz y Gasteiz-Manzanos Ribera Baja, en Araba. El establecimiento de servicios de Cercanías en el feudo alavés se realizaría sobre el actual trazado ferroviario, lo que permitirá mejores conexiones en la Llanada alavesa y en la Cuadrilla de Añana, favoreciendo así la movilidad y también la cohesión territorial y el desarrollo económico.

El traspaso se centra en los servicios de cercanías de Bizkaia:

  • Bilbao Abando-Barakaldo-Santurtzi
  • Bilbao Abando-Barakaldo-Muskiz
  • Bilbao Abando-Laudio-Orduña
  • Bilbao-Balmaseda

 En Gipuzkoa, se traspasa el servicio de cercanías:

  • Irun-Donostia-Tolosa-Brinkola

El acuerdo también hace mención a las transferencias de las líneas de acceso al Puerto de Bilbao que en un futuro serán sustituidas por la Variante Sur Ferroviaria (actualmente en fase de planificación). El traspaso será efectivo una vez finalizada y puesta en servicio la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao, momento en que se hará la entrega y explotación de las siguientes líneas: Bilbao Abando-Santurtzi; Desertu Barakaldo-Muskiz; Bilbao Mercancías-Santurtz.

Mediante este pacto ferroviario Euskadi se subrogará en la posición del Estado en el contrato que tiene con Renfe, empresa operadora de los servicios que se traspasan. El contrato actual finaliza en diciembre de 2027, es decir, Renfe seguirá siendo la que preste los servicios, en principio, hasta esa fecha en las mismas condiciones que las actuales, si bien el acuerdo recoge un catálogo y cronograma del material rodante a renovar, así como un plan de inversiones en las infraestructuras de Adif en el País Vasco. Las funciones que asume la CAV comprenden la regulación, la planificación, la gestión, la coordinación y la inspección de dichos servicios, así como la potestad tarifaria sobre los mismos, los horarios y las frecuencias. 

“No se trata de un mero cambio de manos en la gestión del servicio ferroviario”

El coste total anual a nivel estatal asociado al presente traspaso de funciones y servicios ascendería a 92,7 millones de euros. Con esta valoración económica será Euskadi quien compense a Renfe el déficit en el que incurra por la prestación de los servicios, dado que se trata de servicios sujetos a obligaciones de servicio público. Queda fuera de la compensación el coste en que deba incurrirse si Euskadi prevé una mejora de los estándares de calidad o servicios previstos. En cuanto al plan de inversiones en infraestructuras de Adif se manejan un centenar de actuaciones por un valor aproximado de 400 millones de euros.

Tesón negociadora

Según la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, “si bien había voces que lo venían dando por hecho desde hace tiempo, es necesario destacar el tesón que el Gobierno vasco ha tenido que aplicar para que esta materia vaya a Euskadi en condiciones satisfactorias y con la posibilidad de mejorar los estándares”. “Es necesario un plan de inversiones para poder modernizar la maquinaria y las infraestructuras y, gracias a nuestra insistencia, lo tenemos. Era necesario que se contemplaran algunas infraestructuras y gracias también a esta paciencia y tesón también lo tenemos”, subrayó la dirigente jeltzale. “Habríamos podido cerrar este acuerdo y sacarnos la foto hace mucho tiempo, pero el acuerdo estaría prácticamente vacío para ofrecer lo que nosotros pensamos un servicio de excelencia a nuestra ciudadanía y ese es nuestro último objetivo”, indicó Garamendi, quien recalcó que “no se trata de un mero cambio de manos en la gestión de un servicio, sino el reconocimiento de nuestra capacidad para abordar el desarrollo y la cohesión territorial de este territorio, de nuestro país”. “Todas las transferencias son importantes, ya que todas contribuyen, de una u otra manera, al bienestar y al desarrollo de Euskadi, con el autogobierno como tractor”, se felicitó la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno.

La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres E.P.

La transferencia de inmigración se abordará el próximo lunes

En cuanto al acuerdo para la homologación de títulos universitarios extranjeros, supone que tendrán los mismos efectos que los títulos estatales de cara a habilitar a las personas tituladas para el ejercicio de la profesión de la que se trate. Dicha transferencia cobra especial relevancia a tenor de la necesidad de profesionales, especialmente en el sector sanitario, que recalan en Euskadi y que podrían reforzar los servicios públicos. De esta manera, conllevará la posibilidad de ejercicio de la profesión regulada de que se aborde en las mismas condiciones que las personas poseedoras de los títulos de rango estatal. Además, Euskadi asumirá la capacidad de declarar la equivalencia de títulos de grado y máster universitario obtenidos en el extranjero a un nivel académico oficial en el Estado de grado y máster universitario. Se trata de un trámite imprescindible para acreditar el nivel académico, por ejemplo en oposiciones en administraciones públicas. 

Conviene señalar que, para desarrollar la profesión de médico en una especialidad concreta, además del título en medicina, título que sí va a poder ser homologado por la CAV, se requiere acreditar la especialidad correspondiente (ginecología, medicina de familia…). Si la persona ostenta la especialidad por una universidad extranjera, el título de la especialidad lo reconoce el Ministerio de Sanidad. Euskadi será así la única comunidad autónoma que va a gestionar estas funciones. Garamendi afirmó que este traspaso adquiere “gran relevancia, en un momento de necesidad de profesionales de diferentes sectores”. “Así, Euskadi será la única comunidad autónoma que gestionará esta tramitación. La valoración económica estimada de este traspaso va ligada al ajuste a la gestión de los títulos a través de las tasas”, añadió. 

En cuanto a la transferencia pendiente, la competencia de inmigración, avanza a buen ritmo y espera cerrarse tras la ponencia técnica del próximo lunes, materia negociada mucho antes de que se abriera el debate en Catalunya y que en ningún caso tocaría las facultades exclusivas del Estado en materia de asilo, documentación, expulsiones o primera acogida.