La ejecutiva de ERC ha propuesto a la militancia que la actual eurodiputada del partido Diana Riba encabece la lista en las elecciones europeas como una apuesta "para dar continuidad" al trabajo que ha llevado a cabo en el Parlamento Europeo.
En un comunicado, destacan que Riba, que entró en el Parlamento en 2019, ha realizado una trabajo centrado "en el blindaje de los derechos y las libertades en la UE, en la lucha antirepresiva, en la promoción de las agendas ecologista y feminista y en la defensa del derecho a la autodeterminación de Catalunya".
En las anteriores elecciones europeas, en 2019, el candidato de ERC fue el líder de la formación, Oriol Junqueras, sobre el que pesa una pena de inhabilitación por el 1-O.
Proceso interno
Con la propuesta de Riba, los republicanos han activado los procesos internos para la elección del cabeza de lista, al que seguirán los congresos territoriales y asambleas sectoriales, que se convocarán próximamente.
En los primeros meses de legislatura, aseguran que Riba se centró en reivindicar los derechos políticos de Junqueras, del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont y del exconseller y también eurodiputado de Junts Toni Comín porque entonces la justicia española intentó impedirles "acceder a su escaño".
A nivel legislativo, ha sido miembro de diversas comisiones, entre ellas la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior; la de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y la de Cultura, Educación, Medios de Comunicación y Juventud, y fue elegida por su grupo parlamentario, los Verdes/ALE, como coordinadora política en los ámbitos de feminismos y cultura.
También ha sido la encargada de negociar legislaciones como la primera Directiva europea contra las Violencias Machistas o el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, y ha impulsado diversas campañas en favor del catalán en las grandes plataformas streaming o en contra de las prácticas laborales no remuneradas.
Además, ha sido escogida vicepresidenta de la comisión de investigación sobre el uso de Pegasus y otros programarios espías en la UE, donde ERC reivindica que su trabajo fue "decisivo a la hora de redactar un informe final que recogía de forma muy detallada el caso Catalan Gate, que instaba al Estado a aclarar los 65 casos de espionaje acreditados por Citizen Lab".
