Aún es pronto para anticipar si la sangre llegará al río o se evitará el choque, pero al menos los gobiernos vasco y español han activado ya la Comisión Bilateral de Cooperación para tratar de encontrar una solución dialogada y evitar que Euskadi materialice el recurso contra la Ley de Vivienda en el Tribunal Constitucional. La comisión se puso en marcha a través de un acuerdo suscrito el 11 de agosto, lo que supone respetar el procedimiento para estos casos, ya que es preceptivo abrir un periodo de seis meses de negociación antes de formalizar el recurso judicial. En cualquier caso, tiene también un significado político: la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, había pedido expresamente por escrito dos semanas antes a la ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, que se abriera un proceso de negociación para agotar todas las opciones de diálogo. Para Garamendi, el acuerdo debe pasar por el respeto a la competencia exclusiva sobre vivienda que consagra el Estatuto de Gernika en su artículo 10.31. Si no, habrá recurso. La insistencia en el diálogo parecía sugerir cierta inquietud ante la posibilidad de que Moncloa no quiera ceder.
Este recurso fue autorizado antes de las vacaciones por Garamendi, y contó con el desmarque de los tres representantes del PSE en el Gobierno vasco, que respaldan la ley estatal impulsada por el Ejecutivo de su jefe, Pedro Sánchez. El objetivo de la representación del PNV en el Ejecutivo de Urkullu es salvaguardar las competencias vascas, tras el categórico informe de los servicios jurídicos que recrimina al Estado la forma tan extensiva en la que regula hasta las condiciones que deben tener las zonas tensionadas para limitar las subidas del alquiler, o los porcentajes de reserva de suelo para la vivienda protegida. El acuerdo de la Comisión Bilateral, al que ha tenido acceso este periódico, abre las negociaciones sobre los 7 artículos y las 4 disposiciones que habían señalado los servicios jurídicos.
Este pistoletazo de salida pasó inadvertido en periodo vacacional y adquiere relevancia tras las chispas que saltaron el jueves en el pleno de política general del Parlamento Vasco entre el lehendakari Urkullu y el líder del PSE, Eneko Andueza, precisamente por la Ley de Vivienda. Urkullu dijo manera sucinta que la negociación ya está en marcha, y fuentes de la consejería de Autogobierno consultadas por este periódico concretan que la decisión se tomó el 11 de agosto. En el texto del acuerdo, se decide “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas” y “designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda”.
¿Tensiones?
Desde el PNV se asiste a este proceso con expectación y con el convencimiento de que, si la ley se queda tal y como está, el Constitucional la va a fulminar porque también ha manifestado sus objeciones el Consejo General del Poder Judicial, quien alertó de la “inseguridad jurídica” que iba a provocar la convivencia de una ley estatal con las que ya existen a nivel autonómico, como en el caso vasco. El PNV presiona con el negro futuro que le aguarda a la ley estatal para que Sánchez no lleve el pulso tan lejos y se avenga a firmar un acuerdo de interpretación y modificación de la norma. También la ha recurrido el Parlament de Catalunya. Otro cantar es lo que pueda suceder con los otros recursos, interpuestos por comunidades del PP, donde confluye ya un matiz ideológico diferente, de fondo, contrario a la regulación en este ámbito.
Para la consejería de Garamendi, este es un ejemplo más de la erosión silenciosa del autogobierno. En lo que va de legislatura, se han alcanzado acuerdos y salvaguardas en otras leyes, como la que evitó el recurso contra la ley vasca de profesiones del deporte. Los tiempos de la negociación no coinciden plenamente con la investidura de Sánchez, puesto que se extienden más allá de este año.
El tono de los socialistas hacia sus aliados del PNV en las instituciones vascas se ha endurecido desde que Andueza accedió a la secretaría general del PSE con la intención de marcar un perfil propio, rentabilizar la presencia en unos gobiernos donde es el socio minoritario, y sacar pecho entre las izquierdas, donde la competencia es cada vez mayor desde que la izquierda abertzale asumió las reglas de juego. A menos de un año de las elecciones vascas, se esperaba que Andueza aprovechara el pleno de política general del jueves para pedir cuentas al lehendakari Urkullu por cuestiones como el recurso contra la Ley de Vivienda estatal, aunque en algunos ámbitos sorprendió que se expresara de manera tan beligerante cuando tendrá que seguir varios meses codo con codo con el PNV.
Andueza aireó su “malestar” por el recurso, pidió no obstaculizar las zonas tensionadas, y comparó al lehendakari con los presidentes del PP que han recurrido esta ley, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con quien Urkullu ni siquiera tiene relación y los intercambios de declaraciones en público han sido nefastos. Andueza bajó el diapasón tras la réplica de Urkullu y la de Egibar, a quien le pareció que los socialistas hablaban como si no formaran parte del mismo gobierno. Andueza le dijo que sí son el mismo gobierno, y pidió que le dejara, al menos por un momento, optar a liderar el Ejecutivo y tener esa ambición. Todo quedó reducido a una búsqueda de perfil.
