Las ampollas que ha levantado la Ley de Familias en el nacionalismo vasco y catalán por invasión competencial han provocado que la ministra Ione Belarra se mueva y levante el teléfono para tratar de salvar esta ley. Es uno de los proyectos estratégicos de su Ministerio de Derechos Sociales y su caída supondría un varapalo que Belarra no quiere contemplar. En un momento en que su tramitación en el Congreso sigue atascada (aún está abierto hasta el miércoles el periodo para registrar enmiendas a la totalidad), fuentes del grupo del PNV en la Cámara baja consultadas por este periódico aseguran que el Ministerio ya ha iniciado conversaciones con ellos y hay “predisposición y voluntad de solucionarlo”.

Las relaciones con el Ministerio de Derechos Sociales, una de las áreas que gestiona Podemos dentro del Gobierno español de Pedro Sánchez, han estado presididas por la tensión con el PNV por el afán de Belarra de regular unos mínimos de cobertura para todo el Estado, tan al detalle que anulan de facto la capacidad de las comunidades autónomas en cuestiones como el modelo de residencias o, en el futuro, la Ley de Servicios Sociales. También ha habido tensión por el influjo de Podemos en la Ley de Vivienda. Ahora, sin embargo, se han abierto contactos sobre la Ley de Familias y se habla de voluntad. 

¿Quiere esto decir que Belarra ha reconocido expresamente que hay una invasión competencial y que va a corregirla? El PNV no se atreve a ir tan lejos por dos razones: por un lado, las conversaciones con su grupo son por ahora muy genéricas, no se ha entrado al detalle sobre la posible solución y lo único que les consta es que Belarra está decidida a sacar adelante la ley y por eso está dispuesta a hablar; y, por otro lado, estas conversaciones no son en exclusiva con el PNV, sino también con otros grupos como ERC y EH Bildu, de manera que la fumata blanca puede salir en otros despachos y en condiciones diferentes a las exigidas por los jeltzales.

El PNV esgrime la jurisprudencia del TC

Belarra ya conoce la oposición del PNV a este proyecto y las razones de su enmienda a la totalidad. Los jeltzales creen que la ley va más allá de pretender una mera transposición de una directiva europea sobre conciliación laboral, y más allá de las competencias del Estado en materia de regulación laboral. El proyecto se adentra en otros campos como el ocio familiar, la educación o los contenidos mínimos que deben cumplir los planes de vivienda para favorecer el acceso a familias con necesidades singulares. En su enmienda a la totalidad, el PNV ve un uso abusivo del artículo 149.1.1 de la Constitución española, que sí permite al Estado regular unas condiciones básicas para garantizar la igualdad de los ciudadanos, pero donde el Tribunal Constitucional ya ha puesto límites y ha aclarado que no puede eliminar la diversidad autonómica.

Conversaciones con ERC

Las conversaciones con el PNV son aún preliminares, de manera que se desconoce si Belarra introducirá una cláusula competencial y qué ámbitos abarcará, o si va a renunciar a esas regulaciones sobre vivienda, educación... Existe predisposición para salvar este desencuentro. Este mismo lunes se celebra el Día Internacional de las Familias sin poder anunciar ninguna novedad. ERC, PNV, EH Bildu y PDeCAT coinciden en que hay una invasión competencial, pero por ahora solo los jeltzales y el PDeCAT han registrado su enmienda a la totalidad. ERC reculó sobre la bocina tras asegurarse de que habrá negociación, y Belarra cree que el diálogo puede dar frutos por ese flanco. ERC, según Efe, negocia también la financiación. Su apoyo y el de Bildu sumaría 18 de los 21 escaños que necesita añadir el Gobierno para la mayoría absoluta.

Esta ley recoge nuevos permisos para cuidados, y reconoce a los distintos tipos de familias, como las LGTBI, las que tengan algún integrante con discapacidad, o las familias acogedoras, entre otras casuísticas.