El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto de medidas anticrisis para frenar el avance de la inflación y paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Ucrania, aunque también ha aprobado tramitar la norma como proyecto de ley, lo que abre la puerta a introducir cambios vía enmienda.
La convalidación ha salido adelante con la abstención del PP, Vox, ERC y BNG, mientras que Junts y Teruel Existe han votado en contra y el resto de la Cámara Baja se ha posicionado a favor. No obstante, se ha aprobado tramitar la norma como proyecto de ley para permitir posibles enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios. La tramitación como proyecto de ley ha sido apoyada por toda la Cámara, a excepción de Teruel Existe, que se ha abstenido.
El decreto incluye medidas como la supresión del IVA para los alimentos básicos y la rebaja del IVA del 10 % al 5 % para aceites y pasta, así como un nuevo cheque de 200 euros para hogares con rentas anuales de hasta 27.000 euros y la gratuidad en 2023 de los trenes de Cercanías y media distancia, entre otras.
El decreto ha sido presentado y defendido por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien ha augurado un "muy buen" 2023 gracias a las medidas emprendidas por el Gobierno español, como es el caso del decreto convalidado.
Bolaños ha instado a un gran consenso en torno al decreto "por patriotismo y sentido común", así como para que haya un reparto justo de las cargas para seguir protegiendo a las clases medias del país.
En su intervención, Bolaños ha destacado la "razonablemente positiva" situación económica del Estado español a pesar de la guerra en Ucrania. Además, ha asegurado que mientras dure el conflicto bélico, el Ejecutivo de coalición hará "lo que sea necesario y el tiempo que sea preciso para proteger a las familias y empresas".
EL GOBIERNO PROTEGERÁ A FAMILIAS Y EMPRESAS MIENTRAS DURE LA GUERRA
Bolaños, en la defensa del decreto ley, ha remarcado que la situación "es compleja" y "quedan incertidumbres por despejar", pero ha querido transmitir la idea de que el Ejecutivo hará "lo que sea preciso para proteger a las familias y empresas mientras dure la guerra".
A su juicio, es difícil decir que no a este elenco de medidas que van a proteger a nuestra ciudadanía, salvo que se intente hacer daño al Gobierno, al tiempo que ha dejado claro que van a evitar la política del miedo y trabajar para tener un país más justo.
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha insistido en que este real decreto incluye medidas "de la dignidad" porque "protegen la vida de las personas", además de que "tratan de garantizar bienes básicos", y deberían ser defendidas "por cualquier gobierno de cualquier color y cualquier representante que respete a su pueblo".
El PP ha dicho estar de acuerdo con la rebaja del IVA a los alimentos porque fue una de las cosas que propuso para frenar la elevada inflación, pero ha optado por abstenerse porque esperaba que esa reducción incluyera también la carne, el pescado y las conservas.
De hecho, su portavoz Jaime Eduardo de Olano ha asegurado que su grupo votaría a favor del decreto si se tramita como proyecto de ley y se incluye esa u otras medidas propuestas por los populares, como la extensión de la bonificación de los combustibles a los autónomos.
LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE RENOVABLES, EN TELA DE JUICIO
A pesar de la convalidación del decreto, este ha causado discrepancias en torno al punto referido a la simplificación y aceleración en los trámites para la implantación de grandes centrales de energías renovables.
De hecho, esto ha provocado el voto negativo del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitate, e incluso las críticas de sectores de Unidas Podemos. El diputado 'morado' y coordinador de Alianza Verde, Juan López de Uralde, ha advertido de que la nueva simplificación administrativa "obstaculizará" el desarrollo de las energías renovables con la eliminación la consideración ambiental para este tipo de energías.
En opinión del diputado, con estos artículos del decreto lo que se hace es permitir que los "malos proyectos", es decir, aquellos que afecten negativamente al medio ambiente, "se cuelen y perjudican a lo que están haciendo las cosas bien".
Asimismo, este aspecto ha originado las críticas del diputado de ERC, Joan Capdevila, quien, no obstante, ha celebrado la ampliación hasta 2.000 metros de las redes de autoconsumo compartido, que supone la victoria de una "batalla, pero no la guerra", ya que el principal objetivo del grupo catalán para por una reforma íntegra de la ley del sector eléctrico.
Entre las críticas también se han encontrado las de Compromís, por considerar insuficientes las ayudas de 950 millones la industria gasintensiva; y las de BNG y Junts, por el crédito extraordinario de 2.000 millones de euros a favor de las liquidaciones del sector eléctrico, que a juicio de sendos partidos es un "oligopolio".
Por su parte, Idoia Sagastizabal, del PNV, se ha mostrado a favor del decreto, pero ha expresado sus dudas en cuanto a las rebajas del IVA o el cheque de 200 euros, medidas que, en su opinión, "dejan fuera a determinados sectores" y cuyo efecto "va a ser muy limitado".
Desde EH Bildu, Oskar Matute ha instado a incluir nuevas medidas en materia de alimentación, en concreto limitar precios de determinados alimentos básicos.
