El primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este 2023 refleja un incremento de cinco puntos en la preocupación que genera la crisis económica, el principal problema, con un 45,2% de menciones en la encuesta de enero. En la segunda plaza repite el paro (27,4%) y a 2,6 puntos se sitúan los problemas políticos, que se mantienen en la tercera posición.

Así lo refleja un estudio cuyo trabajo de campo se realizó entre los días 1 y 12 de enero. Se trata del primer barómetro tras la crisis institucional que enfrentó al Tribunal Constitucional con las Cortes por la reforma que buscaba la renovación del órgano de garantías y la aprobación de las nuevas penas del delito de malversación.

En cuarto lugar, después de la crisis económica y los problemas de índole económica, el desempleo y los problemas políticos en general, se sitúa la sanidad, que ahora genera una mayor preocupación: el 17,3 % de los encuestados, mientras que en diciembre sumaban un 15 %.

A continuación, en quinto y sexto lugar, se coloca el mal comportamiento de los políticos, con el 14,5 % (el 14,8% en el anterior CIS) y el Gobierno y los partidos, con un 10,9 % (12 % en diciembre).

A poca distancia se sitúa el cambio climático (9,7%); los problemas relacionados con la calidad del empleo y la educación, ambos con un 7,4 %; las desigualdades, incluida la de género, las diferencias de clases y la pobreza, con un 6,6%; los problemas de índole social, con un 5,9%, los relacionados con la juventud, 5,8%, la crisis de valores (5,6%) y lo que hacen los partidos (5,4%).

En la posición quince se coloca la corrupción y el fraude, que reúne el 5,1 % de las respuestas, seguido por la inmigración y la subida de tarifas eléctricas, con un 4% en ambos casos,; la falta de acuerdos y unidad (3,8%)  y la guerra de Ucrania (3,5%).

Robles y Díaz, las únicas ministras que aprueban

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, son las políticas mejor valoradas en el CIS y las únicas que aprueban, mientras que las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero cierran la lista junto con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.

En la encuesta, la mejor puntuada es margarita Robles, con una nota media de 5,16 puntos, seguida muy de cerca por la vicepresidenta Yolanda Díaz con 5,11. Ambas repiten las mismas posiciones del último año, pero mejoran sus registros de la última encuesta donde se valoró al Gobierno, el pasado octubre, cuando se quedaron en 4,98 y 4,91 puntos, respectivamente.

La tercera plaza del podio vuelve a ser para la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que también mejora su valoración respecto a octubre pero se queda rozando el aprobado con 4,98 puntos. En cuarta posición sigue la titular de Sanidad, Carolina Darias, con una nota de 4,68.

En el otro lado de la lista repiten en los últimos puestos las dos ministras que a la vez son dirigentes de Podemos: la titular de Asuntos Sociales, Ione Belarra, y la de Igualdad, Irene Montero, con notas de 3,63 y 3,69 puntos, respectivamente.

Esta vez el antepenúltimo puesto es para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con una nota de 3,94 puntos. El resto de integrantes del Ejecutivo se sitúa entre el 4 y el 4,5.

Sigue habiendo varios ministros que resultan muy desconocidos para la mayoría de españoles. Así, ocho de cada diez españoles no saben quiénes son las responsables de Transportes, Raquel Sánchez, y de Ciencia, Diana Morant, y más de un 70% tampoco pone cara a los titulares de Política Territorial y Portavoz del Gobierno (Isabel Rodríguez), Universidades (Joan Subirats) y Justicia (Pilar Llop).

El CIS no pregunta por la supresión de la sedición,

El último barómetro no pide opinión a los entrevistados por la supresión del delito de sedición o la reforma del de malversación incluidas en la reforma penal de diciembre, aunque sí dedica cinco preguntas a la paralización por parte del Tribunal Constitucional (TC) de las enmiendas a esa misma norma que buscaban desbloquear la renovación del propio tribunal.

En concreto, el CIS, presidido por el sociólogo socialista Félix Tezanos, responsable de los cuestionarios, pregunta en primer lugar sobre si el encuestado ha tenido conocimiento de la reforma del Código Penal impulsada por los partidos del Gobierno, que fue aprobada el 15 de diciembre en el Congreso, y el resultado es que tres de cada cuatro entrevistados sabía de esa reforma, frente a un 24 por ciento que no.

Pero no pide opinión sobre lo aprobado, que fue la eliminación de la sedición y la reforma de la malversación, y sólo pregunta a los entrevistados si conocían lo que no se votó, las modificaciones que afectaban al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Constitucional: Un 70,7 por ciento de los encuestados responde que sí estaba al tanto, mientras que un 27,2 por ciento que no. Eso sí, sólo un 27,7% asegura tener bastante o mucho conocimiento de esas enmiendas, frente a un 67,2 que admite tener poco o ningún conocimiento de los detalles.   

Tras preguntar por el grado de conocimiento que el encuestado tiene de dichas reformas, la encuesta pasa a la opinión que merece al entrevistado de que "dos magistrados del TC, cuyo mandato estaba caducado por haber concluido el plazo para el que fueron elegidos, tomen parte en votaciones en las que se decide si continuaban o no formando parte del TC". Se refiere a los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, que votaron en contra de su propia recusación. A los otros dos magistrados con el mandato caducado, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, no los menciona.

Así las cosas, siete de cada diez entrevistados (73,6%) contesta que le parece "mal" o "muy mal" que González-Trevijano y Narváez votaran sobre su propio futuro, mientras que un 15,5 por ciento no be problema alguno.

En el barómetro pregunta si el entrevistado está "a favor o en contra" de que los jueces del TC puedan "prohibir" al Parlamento debatir leyes: un 57,2 por ciento se declara en contra y un 29,4 a favor.

Y, por último, el CIS pregunta a los ciudadanos, según lo que saben o han oído, qué partido cree que es el "principal responsable" de que no se haya llegado a un acuerdo para la renovación del CGPJ y del TC. La mayoría, un 39 por ciento, declara que el PP, mientras que un 17,7 culpan al PSOE. Asimismo, un 15,1 por ciento cree que los responsables son los dos "por igual", pero un porcentaje significativo, un 19,7 por ciento no lo sabe.