La ley que regulará el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, que los grupos que sustentan al Gobierno -PNV y PSE- habían pactado con Elkarrekin Podemos-IU, saldrá adelante en el Parlamento con los votos de estas tres formaciones y la "abstención crítica" de EH Bildu.

La Comisión de Trabajo y Empleo de la Cámara ha votado este miércoles el dictamen de la ley, que ha sido rechazada por PP+Cs y apoyada por nacionalistas, socialistas y morados. La coalición abertzale se ha abstenido, mientras que Vox no ha estado presente en la sesión.

El dictamen incluirá nueve enmiendas de EH Bildu, una de las cuales supone ampliar de 12 a 14 años la especial protección para los menores. Para la entrada en vigor de la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) solo queda su aprobación en un pleno antes de que finalice el año.

El proyecto de ley fue aprobado en mayo por el Gobierno vasco y se inició después un periodo de conversaciones con los grupos de la oposición para tratar de lograr apoyos adicionales, aunque la norma tiene garantizada su aprobación dada la mayoría absoluta de PNV y PSE en el Parlamento.

Finalmente en octubre se alcanzó un acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU para rebajar tanto la edad de acceso a la RGI de 23 a 18 años cumpliendo una serie de requisitos, como los años requeridos de empadronamiento para ciertos colectivos vulnerables.

También se acordó, entre otras cuestiones, fijar una referencia mínima para la cuantía de la RGI evitando que quedara "al albur" de la decisión que cada año tomara el Gobierno vasco al elaborar sus presupuestos, según destacó en su momento la coalición morada.

Con ese pacto se consiguió el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU al texto, que este miércoles ha logrado además la abstención de EH Bildu, después de que se hayan incorporado al dictamen 9 de sus enmiendas (presentó 116).

Nerea Kortajarena ha justificado la "abstención crítica" de su grupo en que EH Bildu "nunca obstaculizará pasos para la protección de las personas, por pequeños que sean". Ha considerado no obstante que se ha "perdido una buena oportunidad para reforzar el sistema" y que el texto podían haber sido más ambicioso.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, David Soto ha puesto en valor las "mejoras" introducidas por su formación que han tenido como resultado una ley "extensiva en derechos y más garantista" que además "da prestigio social a esta prestación".

Carmelo Barrio (PP+Cs) ha considerado que el acuerdo con Elkarrekin Podemos "dio un portazo a las enmiendas" de su grupo y transformó la ley en un texto "claramente peor, menos seguro jurídicamente y que aumenta los riesgos de cronificación" en el cobro de la RGI. Ha lamentado además que no se haya aceptado ninguna de las 81 enmiendas de su grupo.

Desde los partidos del Gobierno, el jeltzale Jon Aiartza ha destacado el consenso alcanzado en torno a una reforma legal que "refuerza y mejora el modelo y garantiza su sosteniblidad en el presente y en el futuro", y la socialista Gloria Sánchez ha valorado que la ley dará más facilidades de acceso.

La futura ley regula el sistema vasco de prestaciones que estará integrado por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la RGI, las Ayudas de Emergencia Social (AES) y los servicios orientados a la inclusión laboral y social, gestionado todo ello por Lanbide.

El texto señala que la cuantía base se actualizará cada año en los presupuestos y la fija para este 2022 en 491,63 euros, es decir la cantidad establecida para el IMV. A esta cantidad se añadirán los distintos complementos en función de los miembros de la familia y de sus circunstancias.

Así, la ayuda mensual a percibir se incrementa en todos los supuestos y pasa de 727 euros para un adulto solo a 737,45 euros, y para dos adultos de 934 a 983,26 euros.

La actual RGI de 1.033 euros para unidades convivenciales de uno o dos adultos y de hasta tres menores, se mejora en función del número de convivientes hasta un máximo de 1.425,72 euros a partir de tres menores.

Los pensionistas también ven aumentada la ayuda: un pensionista recibirá 934,1 euros (835 antes); dos adultos de los cuales uno sea pensionista 1.179,91 euros (antes 1.043) y tres adultos de los que uno sea pensionista 1.327,4 (antes 1.127).

La edad de acceso a la RGI se rebaja (gracias al acuerdo con Podemos) de 23 a 18 años si se cumplen una serie de condiciones como llevar un año registrado en Lanbide y ese mismo tiempo emancipado.

Ese acuerdo también flexibiliza el requisito de los años de empadronamiento exigido a ciertas personas vulnerables para percibir la prestación. Así, se amplía a refugiados, víctimas de violencia machista y de trata de explotación sexual la exención de este requerimiento.

Además, aunque con carácter general se mantiene el requisito de 3 años en el padrón se reduce este periodo para familias con menores a su cargo o personas con discapacidad y dependencia.

En todos los supuestos la prestación se cobrará al mes siguiente de la solicitud y la cuantía se revisará trimestralmente.

La norma prevé la creación de una unidad de inspección y establece un procedimiento sancionador, que podrá implicar la extinción de la prestación y la imposibilidad de acceder de nuevo a ella en un tiempo en los casos de infracciones graves y muy graves.