No hace falta profundizar mucho en sus declaraciones para darse cuenta de que Pedro Sánchez lleva días tratando de virar el discurso con el objetivo de mostrar una actitud más proactiva en el escándalo del espionaje a más de sesenta soberanistas y restaurar la confianza de ERC. Pero tampoco es necesario escarbar demasiado para notar que lo hace con el freno de mano, con esa reserva histórica que muestran los principales partidos de Madrid a la hora de remover todo lo que tenga que ver con el Estado profundo.
El presidente español ha anunciado este jueves en el Congreso de los Diputados que va a reformar la ley del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, y ha confirmado que presentará este año la Ley de Información Clasificada, que va a sustituir a la norma de secretos oficiales franquista de 1968. Esa última ley ya estaba prevista en su plan anual normativo pero ahora se supone que la va a agilizar y, con ello, fijará un plazo para sacar a la luz la información confidencial del Estado.
Eran dos leyes que le pedía el PNV y dos anuncios que se daba por hecho que iba a lanzar en el pleno, aunque no ofreció detalles ni concreción. Además, la iniciativa va a partir del Gobierno español y no tomará como referencia las propuestas jeltzales (la iniciativa del PNV sobre los secretos oficiales lleva años varada y la del CNI la acaba de presentar).
EL FOCO EN EL PP Y LA MESA DE DIÁLOGO
Desde el primer minuto se le notó a Sánchez su intento de trasladar una imagen de indignación y empatía, tirando también del hecho de que él mismo ha sido espiado, aunque parece que el origen es distinto. Intentó trasladar el foco al PP, hablando de su "policía patriótica", los informes sobre el exalcalde de Barcelona Xavier Trias o los que concernían a Podemos. Añadió que "el conflicto político catalán no está superado, queda muchísima tarea", y que le dedicará "todas" sus energías y reanudará el diálogo. Y dijo que "no hay en democracia ninguna razón de Estado que justifique" el espionaje. "Todo mi rechazo a cualquier acción ilegal. No hay espacio para el uso indigno de las administraciones políticas", dijo.
SÁNCHEZ ESGRIME UN ASALTO AL AEROPUERTO
¿Quiere eso decir que reconoce el espionaje? Ahí empezaron las contradicciones y el enfado de ERC. Sánchez pidió distinguir los hechos y las simples conjeturas sobre el informe de Citizen Lab que ha destapado el escándalo de las infecciones con el programa Pegasus. Dijo que el CNI únicamente pidió al Tribunal Supremo autorizar la intervención de 18 teléfonos, no 65, y que los autos judiciales se realizaron con respeto a la legislación vigente, con el objetivo de neutralizar amenazas contra el orden constitucional o las actividades de grupos extranjeros que atentan contra la soberanía del Estado, entre otras razones.
La respuesta enervó al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le preguntó si alguien en el Estado equipara al yihadismo con el soberanismo, o si se espía para investigar un simple corte de carreteras. "¿Y si lo hace un sindicato, también lo espiarán?", lanzó. Sánchez lo justificó en un intento de toma del aeropuerto del Prat. Entre los espiados se sitúa el president Aragonès.
LA INVEROSÍMIL HIPÓTESIS DEL ESPIONAJE EXTRANJERO AL SOBERANISMO
Pero, ¿qué sucede con el resto de espionajes hasta llegar a los más de sesenta casos publicados? Sánchez dijo que, como sucedió "con las infecciones que han sufrido los teléfonos del Gobierno, se han producido al margen de la Administración". No llegó a concretar si se refería a otros países como Marruecos (algunos portavoces interpretan que oculta la autoría del espionaje a su Gobierno para no ofrecer una mayor imagen de debilidad por su giro ante el Sahara), o a incontrolados de las fuerzas de seguridad estatales.
En ese punto, trató de mantener un equilibrio difícil. Aunque había dicho al principio de su intervención que "no hay razón de Estado" que justifique espiar a rivales, al mismo tiempo negó la existencia de cloacas. Y negó de manera expresa al PNV que el CNI esté "descontrolado". Repitió como un mantra que el CNI tiene un control político en el Parlamento (la comisión de gastos reservados bloqueada hasta hace poco), económico (por el examen de esos fondos reservados) y judicial (por una ley que él mismo admite que va a reformar y que, por tanto, implícitamente indica que los controles no eran suficientes).
Sánchez se cuidó mucho de evitar un desaire a los servicios secretos. Sánchez dijo que el CNI es "más garantista" que en otros países y sostuvo que en Reino Unido no hay control judicial previo. Es una afirmación contradictoria con el hecho de que quiera reformar la ley. Pareció desviar el foco hacia un país extranjero, pero Rufián vio muy poco verosímil esa hipótesis. El soberanismo catalán no le preocupa a Moldavia ni a Estonia, vino a decir, sino a España.
NO DESCLASIFICARÁ DE OFICIO
También se le reprochó a Sánchez que hable de controles judiciales cuando el mayor controlador debería ser el Gobierno español. Pero el presidente dijo que ni conoce ni decide el espionaje. Sobre la desclasificación de las autorizaciones del Supremo a las escuchas, se limitó de nuevo a decir que pondrá los documentos en manos de un juez si se lo pide. Nada de hacerlo por voluntad propia o para que lo conozca el Congreso. Ni rastro, igualmente, de la comisión de investigación que le piden ERC, PNV, Unidas Podemos y EH Bildu, entre otros.
Sánchez, que acudía al Congreso de los Diputados forzado por todos los grupos salvo por su gobierno, ofreció una reforma del control previo del CNI "en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo" y las conclusiones que eleve el Parlamento Europeo. No aclaró si lo hará en la dirección que pide el PNV para que el Supremo sea informado del grado de ejecución y no solo con carácter previo del espionaje.
Con ERC, volvió a dejar pasar otro tren sin solucionar la crisis en su relación, con un discurso ambiguo que ni siquiera le ahorró las críticas de la derecha española.
