- Junts avanzó ayer que su grupo no apoyará una reforma de la Ley de Política Lingüística como vía para proteger el catalán en la escuela y advirtió de que ve “difícil” cerrar otros pactos en 24 horas. Así se pronunció la portavoz de JxCat en el Parlament, Mònica Sales, después de que PSC, ERC y los comunes le dieran 24 horas de plazo a los posconvergentes para llegar a un acuerdo sobre el catalán y anunciaran que, aunque Junts no se sume, lo llevarán al próximo pleno. Sales explicó que están centrados ahora en la negociación de la propuesta de decreto ley frente a la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano y que han hecho llegar al Govern. La Generalitat quiere actuar en todos los ámbitos y apuntó que, más allá de la “batalla judicial”, está trabajando en otras iniciativas. Entre ellas, afirmó que está trabajando en impulsar lo antes posible “modificaciones legislativas necesarias” con el apoyo del máximo de grupos parlamentarios y concretó que el Ejecutivo está ultimando un decreto ley que sirva para proteger a los centros educativos.

Aunque su portavoz, Patrícia Platja, no quiso dar más detalles sobre el contenido de este decreto, subrayó que tiene que servir para proteger a la dirección de los centros educativos y sus proyectos lingüísticos ante los tribunales, algo que cree que ya se está haciendo pero considera que este decreto daría “todas las garantías jurídicas”. La portavoz del Ejecutivo catalán afirmó que esperan aprobarlo “en los próximos días” y avisó de que no queda mucho tiempo para que finalice el plazo fijado por el TSJC para aplicar el 25% -se acaba el 31 de mayo- pero que todavía tienen algunos días para concretar las diferentes acciones que quieren impulsar.

Ahora mismo hay varias iniciativas planteadas para hacer frente a la sentencia del 25%: por un lado, en el Parlament está la modificación de la Ley de Política Lingüística, que presentaron PSC, ERC, Junts y los comunes y de la que Junts se ha descolgado; y por otro, el Govern está preparando este decreto ley para proteger a los centros, del que no han dado más detalles; así como otro decreto anunciado en marzo para desplegar el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Catalunya (LEC).

En este contexto, la Generalitat presentó ayer un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalumya de ejecución de la sentencia del 25%. En él se pide suspender los efectos del auto hasta que se resuelva el recurso por los “graves perjuicios que puede suponer a toda la comunidad educativa” aplicar esta orden. Para la Generalitat, tener que implementar este fallo a pocos días de finalizar el curso escolar “sería una medida totalmente contraproducente para alumnos y profesores, que alteraría el normal funcionamiento de todas las aulas”.