- Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco echan humo para evitar un nuevo impulso recentralizador desde los tribunales. La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, quiere personarse ante el Tribunal Constitucional para defender el acuerdo con el Estado que supone que las instituciones vascas puedan acometer la selección y ofertas públicas de empleo para los secretarios municipales, interventores y tesoreros locales. Este acuerdo fue recurrido por el PP y Vox. El Gobierno Vasco ya anunció hace unos días que había aprobado su personación en los recursos de esos mismos dos partidos contra la transferencia del Ingreso Mínimo Vital en el Tribunal Constitucional.

El Consejo de Gobierno autorizó ayer a Garamendi para que solicite personarse ante el tribunal. Se quiere personar en calidad de coadyuvante del Gobierno español en este recurso. PP y Vox recurrieron el proyecto de Ley de Presupuestos de 2022 porque incluye una cláusula que otorga un margen de gestión a las instituciones vascas para organizar lo referido a los funcionarios municipales de habilitación estatal. Los partidos de la derecha española han querido ver una especie de mano negra para que el PNV pueda nombrar interventores municipales afines y escapar de los controles estatales. Por ello, recurrieron la disposición final primera de los Presupuestos. Garamendi está inmersa en la puesta en marcha de una OPE para estabilizar los puestos.

Esta avalancha de recursos se produce poco después de que Olatz Garamendi alertara sobre la erosión silenciosa que padece el autogobierno, ya sea a través de leyes básicas del Estado o de sentencias del Constitucional. La consejera, que se comprometió a actuar en defensa del marco competencial, ha dado positivo en coronavirus y ha decidido suspender su agenda pública por unos días, como ya hizo también el lehendakari, por precaución ante terceras personas y para minimizar los contagios.