Pedro Sánchez necesita apagar el incendio del espionaje a los soberanistas cuanto antes para que la legislatura estatal aguante hasta finales de 2023. Y, por ahora, su gobierno ha actuado como un operario desbordado ante un panel de control en el que no dejan de encenderse luces de alarma y sonar sirenas, y sin encontrar la tecla para frenar el caos. Aunque en público el Gobierno español se niega a que dimitan la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, o la ministra de Defensa, Margarita Robles, en los últimos días se ha filtrado sin disimulo que es una baza de último recurso que se reserva como golpe de efecto, para zanjar la polémica.
El PNV prioriza que se investigue lo sucedido y, por ello, como informó este periódico, tras la comparecencia del CNI en la comisión de secretos, insistió en activar una comisión de investigación. No está en el punto de pedir dimisiones. Además, ha llegado a la conclusión de que pueden servir para cerrar el caso en falso.
Por ahora, ninguno de los movimientos de Sánchez se ha traducido en un ejercicio de transparencia. Se ha optado por la comisión de secretos, donde no se puede revelar lo allí explicado (aunque, como siempre, hubo filtraciones). Pero se especula con que ahora opte por desclasificar y hacer públicas las órdenes judiciales que, según Paz Esteban, permitían espiar los teléfonos móviles de los soberanistas con el programa Pegasus. Se lo exige ERC, aunque los republicanos piden al mismo tiempo dimisiones. Sánchez se encontraría en una especie de encrucijada: optar por la transparencia y desclasificar documentos, o ceñirse solo a un golpe de efecto o a unas dimisiones con las que espere cerrar en falso el caso.
En el diario El Día de las Islas Canarias, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, confirmó que no es "favorable" a las dimisiones porque "lo que tenemos que hacer es aclarar lo ocurrido y después valorar si hay que exigir responsabilidades". "Con una dimisión ahora se puede tener la tentación de querer taparlo todo", avisó. Esta posición del PNV se ha interpretado como un capote a Sánchez para evitar una convocatoria de las elecciones generales, aunque los jeltzales insisten en pedir explicaciones.
¿TENSIÓN ENTRE PNV Y PSE?
El espionaje ha provocado algún mensaje disonante entre los dos socios que forman el Gobierno vasco, PNV y PSE, con Idoia Mendia tratando de defender la posición de su secretario general en el Estado, Pedro Sánchez. Este martes podrían escenificarse esos matices en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde comparecerán Bingen Zupiria e Idoia Mendia.
Quienes viven esta situación tienen la sensación de que puede ser una tormenta en un vaso de agua. Zupiria ha subrayado la preocupación por el espionaje en consonancia con el mensaje del lehendakari (que se espera que retome este martes su agenda tras su aislamiento por el coronavirus). Pero Mendia negó el domingo en El Correo que haya entregado su teléfono móvil a los servicios informáticos vascos para que lo examinen.
¿Qué ha sucedido? Todo apunta a una confusión terminológica. Las fuentes consultadas aclaran que, en realidad, ningún consejero ha entregado el móvil. Lo que ha sucedido es que el servicio EJIE realiza inspecciones rutinarias y no ha saltado la alarma en ninguna. El Centro Nacional de Inteligencia español no ha pedido tampoco sus teléfonos al Gobierno vasco, pero la parte jeltzale no lo entregaría porque no se le ve demasiado sentido: Pegasus se detecta cuando actúa, no una vez pasada la intrusión. Nadie quiere alimentar la conjetura de que ha sido espiado por unos servicios que, en el caso catalán, no pudieron siquiera encontrar las urnas del referéndum de independencia.
