- Vox ha tenido que pisar por primera vez el freno en su ofensiva contra el autogobierno vasco. La ultraderecha ha retirado el recurso que había interpuesto en el Tribunal Supremo para tratar de cancelar el convenio de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi, que supondrá que el próximo mes esta ayuda comience a pagarse desde Lanbide y no desde la Seguridad Social. Fuentes del Gobierno español ya adelantaban la semana pasada a este periódico que existía una alta probabilidad de que el tribunal tumbara el recurso, y que la decisión se iba a tomar en unos quince días. Todo hace indicar que Vox se ha anticipado a ese posible varapalo con la retirada de su demanda. Al contrario de lo que sucede en el Tribunal Constitucional, en el caso de la jurisdicción contencioso-administrativa del Supremo es dudoso que Vox estuviera legitimado para presentarse, porque un grupo parlamentario como tal no puede tener un interés particular conculcado por el convenio de la transferencia, según explican fuentes jurídicas.

Este problema de legitimación para presentarse ante la sala de lo contencioso no se produce en el Constitucional, donde Vox mantiene su recurso, al igual que el PP. La ultraderecha va a centrar sus esfuerzos en ese segundo recurso, dejando todos los huevos en la misma cesta. La situación en el TC es imprevisible, porque ya dio la sorpresa en el pasado al asumir los postulados de este partido en cuestiones como el estado de alarma. Por el contrario, a la luz de los acontecimientos, Vox no midió bien su movimiento ante el Supremo en su afán por torpedear esta y otras competencias. Ya comenzó con mal pie cuando el tribunal le denegó la suspensión cautelar.

Según el auto al que pudo tener acceso este periódico, Vox pretendía suspender el convenio sin escuchar a los gobiernos español y vasco invocando razones de especial urgencia que no pudo justificar debidamente. El auto del Supremo aclaraba que solo permite esa suspensión sin escuchar a las partes cuando el acto impugnado vaya a ser inmediatamente ejecutado y sea imposible revertirlo. El tribunal concluía que Vox “en ningún momento logra justificar razones concretas sobre la situación especial de urgencia” porque el importe económico correspondiente a la comunidad autónoma por la asunción de funciones y servicios asociados al IMV, “en su primera fase, no se liquidaría hasta el mes de mayo”. “Y, de realizarse a primeros de mes, una tramitación ágil y ordenada del incidente ordinario permitiría dar respuesta temprana en una cuestión que, no olvidemos, se nos plantea exclusivamente como un matiz económico”, zanjó el Supremo.

La consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi y el ministerio de Política Territorial de Isabel Rodríguez acordaron esta transferencia tras casi dos años de arduas negociaciones. Ni estas dos instituciones ni el ministerio de la Seguridad Social de Escrivá quisieron entrar a valorar el movimiento de Vox.

En cuanto al fondo del asunto, que finalmente no se ha abordado por la retirada de Vox, la ultraderecha había tratado de llevar el debate al terreno de la desigualdad entre los españoles por el descuento del Cupo, es decir, por los 188 millones que iba a dejar de pagar Euskadi al Estado por asumir la competencia, como ocurre con otros traspasos y como lo establece el Concierto Económico. Vox venía de criticar este traspaso con el argumento de que rompe la caja única de la Seguridad Social, pero admitió que es una pensión no contributiva y que, por tanto, no se financia con cotizaciones, de ahí que llevara el debate al campo de los impuestos y el Cupo. Vio un “trato desigual” en que los vascos dejen de contribuir con 188 millones. Pero es el sistema del Cupo que rige en todos los traspasos, y además la regulación del IMV para conceder la prestación a los ciudadanos corresponde a una ley estatal.

Este recurso lo registró Macarena Olona, con experiencia en el terreno por su trayectoria como abogada del Estado, pero que ahora da un paso atrás en plena precampaña de las elecciones andaluzas, donde se presenta como candidata. La situación en el TC es distinta. En el Supremo, se recurría el convenio del traspaso. En el Constitucional, las leyes estatales de Presupuestos e IMV. El Gobierno vasco aprobó que Garamendi se personara en el Constitucional para defender el “sólido soporte legal” del traspaso, acorde con el sistema del Concierto y dejando claro que las condiciones de percepción del IMV las regula una ley estatal.

Este traspaso suscita inquina porque abre la puerta a otras transferencias relacionadas con el régimen económico de la Seguridad Social, y el asunto de las pensiones sigue levantando ampollas. Vox se ha caracterizado por interponer recursos contra el autogobierno, como sucedió con la Ley Antipandemia, el uso del euskera en los ayuntamientos, o la cesión de la competencia para nombrar a los interventores municipales, en algunos casos con el apoyo del PP. l

lll Coincidencia con Vox, pero meses y años para decidir. Queda el frente abierto del Tribunal Constitucional, que se ha alineado con Vox en otras ocasiones, incluso contra todo pronóstico y provocando agrias polémicas políticas. Sucedió con el recurso contra el estado de alarma, en contra del confinamiento. El Gobierno español se mostró contrariado con que los jueces dieran la razón a Vox y consideraran que la vía adecuada era el estado de excepción. Vox también vio cómo se tumbaba la limitación de tiempos a su parlamentaria en la Cámara vasca. En cualquier caso, con el IMV, la sentencia podría llegar al cabo de meses o años, de manera que no se va a paralizar ahora la puesta en marcha del traspaso.