- El escándalo provocado por las comisiones cobradas por Luis Medina y Alberto Luceño por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en los momentos más duros de la lucha contra la pandemia se desarrolló ayer en dos pistas: la arena judicial, donde los comisionistas se defienden de unas penas que podrían alcanzar los 23 años de cárcel, y la arena política, donde la oposición cerca al popular José Luis Martínez-Almeida como responsable último de esta “estafa”.

La defensa del aristócrata Medina, hijo de Naty Abascal y del duque de Feria, ha ofrecido al juez la parte que le corresponde de la millonaria herencia de su abuela -unos cuatro millones- para hacer frente a la fianza de casi 900.000 euros que le impuso el magistrado instructor, que le acusa junto a Luceño de embolsarse 6,6 millones en comisiones. En el caso de Medina, el juez le imputó un delito de alzamiento de bienes tras comprobar que sólo había dejado 247,26 euros en sus cuentas, y le dio tres días para depositar esta fianza. De lo contrario, embargaría todos sus bienes, muebles e inmuebles.

“¿Usted se enteró de que los guantes eran una porquería?, le preguntó durante la vista el juez Adolfo Carretero, a lo que Medina respondió que eran “lo estipulado” y deslizó: “otra cosa era la expectativa que podía tener el Consistorio”.

Los delitos que se imputan a estos comisionistas podrían acarrear una sumatoria de penas de hasta 23 años de prisión, dado que el juez les atribuye también sendos delitos de falsedad documental por presuntamente manipular documentos para justificar los elevados ingresos en los bancos, y de blanqueo de capitales, lo que le llevó a ordenar la retirada de sus pasaportes y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado dado el riesgo de fuga.

Y mientras en los juzgados se dirimían las posibles responsabilidades penales de los acusados, en el Ayuntamiento se exigían responsabilidades políticas a un PP que siguió enrocado en su defensa.

La oposición en bloque se volvió contra el gabinete Almeida. De hecho, incluso los dos partidos que le sostienen en el Gobierno, Ciudadanos y Vox, marcaron cuanto menos distancias ante la gestión de este caso.

Más Madrid, la formación más votada en las últimas elecciones municipales, denunció que el alcalde “conociera hace un año y medio el caso” y que no se hubiera trasladado “a ninguna instancia del Ayuntamiento de Madrid”. “Más bien al contrario, lo ocultaron literal y explícitamente en una petición de mi grupo. Le preguntaba si existía algún contrato judicializado, y me dijo que ninguno estaba siendo investigado. Su mentira quedó expuesta ante el conjunto de la ciudad de Madrid”, recordó Rita Maestre, quien incluso acusó a Almeida de “amenazar” a algunos concejales porque “está metido hasta el cuello” en este caso.

“Sin la connivencia del alcalde y del entorno de un familiar próximo esta estafa no se hubiera producido”, coincide un Podemos que ejerce la acusación popular en el juzgado, recordando que la participación del primo del alcalde fue “una condición necesaria para el saqueo de las arcas”, por lo que de hecho, Podemos pide la imputación de Carlos Martínez-Almeida.

También el PSOE fijó su mira en la participación del primo del alcalde, contacto referido por los comisionistas para franquear las puertas del contrato municipal. “¿Quiere que crea que llega a la coordinadora de Alcaldía un contrato como nunca y que su primo no le cuenta nada?”, inquirió Mar Espinar, que recordó la implicación de Luceño en la trama Púnica.

Por su parte, Begoña Villacís, Ciudadanos, vicealcaldesa del propio Almeida, pidió perdón por el “gol” encajado por el Ayuntamiento del que forma parte y prometió que “se van a asumir responsabilidades de haberlas”.

Igualmente Vox, imprescindible apoyo externo del Gobierno, se indignó. “Sobran Luceños y Medinas”, dijo, antes de culpar a la oposición de hacer “demagogia”.

Contra las cuerdas, y mientras la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trataba de echarle una mano aireando presuntas irregularidades del Gobierno español, Almeida defendía su gestión llegando a vincular su futuro al de quienes firmaron los contratos. “Hemos sido estafados sin ninguna responsabilidad del Ayuntamiento, trabajador o mi familiar”, dijo, para terminar asegurando que “antes de que se vayan Elena Collado y Engracia Hidalgo”, responsables municipales de Hacienda y Personal”, se marcharía él.