El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado en la causa que investiga una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno a 25 personas, entre las que figuran el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta y el actual director general y máximo ejecutivo de esta firma, Carlos López de las Heras.

Otros imputados son la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga Arona; la directora corporativa de esta empresa Rosário Arévalo Sandez; el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el exmiembro del consejo consultivo andaluz y catedrático Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de desarrollo corporativo y estrategia en Isdefe, María Teresa Castillo Pasalodos, y el expresidente de Mercasa José Ramón Sempere Vera.

También, el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi, Julián Mateos Aparicio Priet; el exinterventor general de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Figueroa Teva; el exconsejero de la empresa Jesús Pérez Rodríguez Urrutia y el director corporativo de Sepi Miguel Ángel Santiago Mesa. Asimismo, los directivos de Sepi Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra; el letrado de la Junta de Andalucía Fernando Albert Aragon, y el hijo del dueño de Forestalia Antonio José Sánchez Campos.

También figuran como imputados María de la Concepción Ortiz Fuerte; Marcos López Domingo; Fernando Samper Rivas; Roberto Pérez Águeda; Eduardo Pérez Águeda; Carmelo Aznarez Pellicer; Juan Ignacio Fernández-Micheltorena y Mikel Arrarás Abejón. En una providencia fechada este lunes, Pedraz indica que, tras analizar un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, procede investigar "indicios de criminalidad".

Las comisiones de Tubos Reunidos, bajo la lupa de la UCO

Se trata de la trama que habría realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en diversos informes de la UCO, que entre otros asuntos incluye el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok ("Nosotros tres", en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda.

A cambio de esta gestión percibieron un total de 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera "mendaces" ya que "su verdadera motivación" vendría por las gestiones efectuadas para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos. Pero la decisión de Pedraz amplía el foco de la investigación a otras empresas, entre ellas Enusa, y no se limita a la de Tubos Reunidos.