- Crece la presión para que el Gobierno español de Pedro Sánchez aclare lo sucedido con el espionaje a los líderes políticos del soberanismo, instituciones, periodistas e incluso allegados de estos, una operación centrada en Catalunya con la excepción de los miembros de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu. El ya conocido como Catalangate ha dejado por los suelos la confianza de los aliados en el Ejecutivo español. El escándalo ha desembocado, por lo pronto, en una petición para crear una comisión de investigación que viene firmada, entre otros, por sus principales aliados en bloque, empezando por sus compañeros en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos, que secunda la petición catalana; dos socios de investidura como ERC y PNV, y apoyos externos como EH Bildu. También la suscriben BNG, Junts, PDeCAT, CUP, Compromís y Más País.

La petición la han registrado diez grupos, constata que los programas de software Pegasus y Candiru instalados en los teléfonos móviles de al menos 65 personas solo se venden a fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, y pretende por lo tanto “conocer la implicación de las instituciones del Estado” en lo sucedido.

Apuesta por conocer la “responsabilidad y el mal uso” de las estructuras técnicas de los ministerios de Defensa, Interior, Vicepresidencia y Justicia; pide también explicaciones a Exteriores por el presunto seguimiento a las delegaciones de la Generalitat en el mundo, exige conocer los contratos para adquirir estos programas informáticos e investigar las actuaciones de los poderes judiciales y ejecutivos para “perseguir la disidencia política”. Plantea “medidas de resarcimiento” para los afectados y la “asunción de responsabilidades” que se deriven de este espionaje, además de instalar medidas de prevención para que no se repita. La comisión de investigación debería emitir un informe en seis meses.

El Gobierno español pretendía en principio capear este asunto con un movimiento mínimo, con la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles. No es la primera vez que esquiva una petición en bloque de sus socios, pero esta vez da la sensación de que la polémica no va a amainar, y el president, Pere Aragonès, apuesta ya abiertamente por replantear las relaciones entre su partido, ERC, y Sánchez. En ámbitos políticos sobrevuela la sensación de que este oscuro episodio puede tener graves consecuencias en la estabilidad de la legislatura si se cierra en falso, y los puentes con Catalunya están a punto de saltar por los aires.

En la lista de los investigados aparecen el propio Aragonès, los expresidents Mas y Torra, y diputados como Míriam Nogueras (Junts) y Ferran Bel (PDeCAT). Las escuchas habrían tenido lugar entre 2017 y finales de 2020, cuando ya había pasado un año desde el acuerdo de investidura entre Sánchez y ERC, lo que hace este episodio aún más chocante. La continuidad de la mesa de diálogo con el Govern dependerá de cómo se resuelva este asunto. El Gobierno español sigue desvinculándose de este espionaje, pero no aclara si el Centro Nacional de Inteligencia pudo comprar este programa israelí, y se escuda en que no puede confirmarlo ni desmentirlo porque forma parte de los secretos oficiales y la información clasificada por razones de seguridad nacional.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo ayer en el canal 24 Horas que, en cualquier caso, el Gobierno español y el CNI siempre “actúan con arreglo a la legalidad vigente” y con “control judicial”. Teniendo en cuenta que el presunto espionaje se remontaría a la época del PP, con Rajoy en Moncloa, los populares ven con muchos recelos estas peticiones de investigación, de manera que se perfila clave el sentido de voto del PSOE, que se juega la sintonía con los soberanistas catalanes pero ayer a la noche deslizó que no apoyará la propuesta.

El oscurantismo es absoluto en esta controversia. Para dificultar aún más las cosas, se da la circunstancia de que la comisión del Congreso sobre los fondos reservados no se reúne desde marzo de 2019. Como esta comisión se encarga de fiscalizar cómo se gastan los fondos reservados, haría posible citar al CNI y preguntarle si ha comprado este software. Pero la comisión no se constituye porque la derecha española se niega a constituirla y a que participen en ella los nacionalistas catalanes, EH Bildu o, incluso, Podemos, a los que acusa de querer actuar en contra del Estado. Algunas informaciones han apuntado ya que el CNI sí compró este programa, pero aseguran que lo utilizó para realizar espionaje en el extranjero.

ERC quiere que se constituya, y también EH Bildu y el PNV. Fuentes jeltzales, de hecho, explican a este periódico que el propio Aitor Esteban comunicó en privado en anteriores ocasiones a la Junta de Portavoces y a la presidenta Meritxell Batet que no crearla es una “anomalía”. En cualquier caso, esta comisión ha sido decepcionante para los grupos en el pasado, en la medida en que la información que proporciona es genérica, como ha sucedido con ocasión de los debates sobre el rey emérito. En otros ámbitos se señala que los recelos para constituirla se deben a la falta de discreción de algunos grupos, que filtran a la prensa las revelaciones de los servicios de inteligencia.

Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, mantendrán hoy una conversación telefónica en el contexto de la ronda de contactos que ha anunciado el jefe del Govern. El PNV reiteró ayer que las informaciones sobre el espionaje revisten “una gravedad extrema y obligan al Gobierno español a aportar de manera urgente toda la información disponible”.