Como sucede con un vecino problemático, la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León se ha recibido con recelos en varias comunidades autónomas, que piensan ya en cómo gestionar esta convivencia, y en cruzarse o no la palabra cuando se topen en la escalera o el ascensor. El popular Alfonso Fernández Mañueco ha sido el primero en abrir la puerta de un gobierno autonómico a la ultraderecha de Vox, que gestionará tres consejerías (Agricultura, Empleo e Industria, y Cultura).
Este movimiento se ha recibido con "preocupación" en comunidades que no son gestionadas por el PP, como sucede con los territorios liderados por los socialistas, o en el Gobierno vasco y el catalán. La situación es peliaguda en los territorios limítrofes, como el vasco, que tienen convenios de colaboración y se ven abocados a mantener una interlocución en beneficio de los servicios que se prestan a los ciudadanos y ahora ven que se abre una etapa inédita.
En términos generales, sean territorios vecinos o situados a cientos de kilómetros, la entrada de Vox preocupa en tres frentes: por el retroceso que pueda provocar en la lucha contra la violencia de género, la convivencia con los migrantes o la memoria histórica; por la paradoja que supone que un partido contras las autonomías y el autogobierno gestione una comunidad (se ve como un caballo de Troya); y por la relación institucional con los consejeros de Vox.
ASTURIAS ENFRÍA LOS ACUERDOS
ASTURIAS ENFRÍA LOS ACUERDOSEn este último frente, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, fue el primero en pronunciarse el lunes para aventurar que este pacto deja en una "situación muy difícil" la consecución de proyectos comunes entre ambos territorios.
"No vamos a poder trabajar en proyectos comunes con consejeros que dicen que no existe la violencia contra las mujeres o que reclaman que no se suban las pensiones y el salario mínimo, o que están en contra de la PAC. Con estos consejeros, poco vamos a poder hablar y poco vamos a poder hacer, porque no compartimos las políticas diarias", decía tras la Comisión Ejecutiva socialista autonómica. Fue el primero en ir tan lejos y enfriar los acuerdos, pero detrás de esta reacción parece existir una consigna socialista, una estrategia marcada por Pedro Sánchez.
De hecho, también se pronunciaron el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien confesó que le "preocupa" la entrada de Vox, aunque se limitó a constatar que algo así nunca es "una buena noticia". El portavoz del Govern balear de Francina Armengol, Iago Negueruela, consideró que la irrupción de la ultraderecha es un riesgo para el bienestar, y lamentó que el PP de Feijóo permita "entrar en las instituciones" a una sensibilidad política a la que, por el contrario, se trata de frenar en el Estado francés. Desde Nafarroa, María Chivite ya calificó en el pasado este acuerdo como el "pacto de la vergüenza".
LOS PROTOCOLOS DE EUSKADI
En el caso del Ejecutivo vasco, de coalición entre el PNV y el PSE, este asunto aún no se ha abordado en el Consejo de Gobierno, según explican las fuentes consultadas. Lo único que pueden constatar desde Lehendakaritza es que Iñigo Urkullu incluye a la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, en sus rondas de contactos, porque cree que debe atender a todos los partidos con representación parlamentaria por una cuestión de normalidad institucional. Otra cuestión es que, en la práctica, esas reuniones no se producen porque Martínez se niega a asistir por el aislamiento político al que la someten PNV y PSE a nivel de partido.
La entrada de Vox genera preocupación en el Gobierno vasco, que rechaza la involución que plantea. Además, existe una mayoría social vasca muy amplia a favor de aislar a esta formación con un cordón sanitario. Pero el impacto final de la entrada de Vox podría ser limitado. Este periódico ya informó de que, por un lado, la relación con Castilla y León es sobre todo sanitaria, una consejería que no gestionará Vox. Los acuerdos con el condado de Trebiñu son inevitables, pero también se centran en la asistencia sanitaria, y se canalizan además con la Diputación de Burgos. Y, aunque es cierto que existe un protocolo general de colaboración con Castilla y León, se firmó con carácter previo a la entrada de Vox, en 2021, de manera que no ha dejado su influjo en sus contenidos a nivel sanitario, de protección civil, industria e infraestructuras.
INDUSTRIA, LA CLAVE
Otra cuestión es lo que pueda suceder con una revisión a futuro, o en la relación del día a día en uno de sus puntos, el de industria, que aquí lidera Arantxa Tapia, y en Castilla y León será gestionada por Mariano Veganzones, de Vox. También genera incertidumbre la vicepresidencia para García-Gallardo. A la espera de conocer su papel, si recayera en él la interlocución con otros gobiernos o la gestión de protocolos, sería situación inédita.
La mayor afección en la relación vendrá por el flanco de industria, donde queda pendiente un convenio sobre el área de influencia de la central nuclear de Garoña, con el objetivo de combatir la despoblación y las consecuencias económicas de su cierre. Se desconoce si Castilla y León querrá mantenerlo u optará por no firmar nada. El Gobierno vasco asiste con cautela a estos acontecimientos. Veganzones ya ocupó cargos técnicos previamente, y su área se perfila como la que mayores interconexiones puede tener con la CAV (al contrario que en cultura y agricultura).
