El expresidente de la Generalitat Quim Torra no asistirá al segundo juicio al que se enfrenta este jueves por un presunto delito de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019: "No legitimaré una nueva farsa".
Torra no se presentará este jueves en un juzgado penal de Barcelona por desobediencia al considerar que se trata de "una farsa" y que no encontrará justicia en los tribunales españoles, por lo que ha pedido "amparo" a los tribunales internacionales.
"No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales. Los independentistas solo podemos hallar la justicia en Europa", ha indicado el expresidente catalán.
En su perfil de Twitter, Quim Torra ha colgado un vídeo donde explica las razones de su incomparecencia en el juicio.
Torra debía sentarse este jueves por segunda vez en el banquillo, acusado de desobedecer una orden judicial para que retirara del Palau de la Generalitat una pancarta con un lazo amarillo de apoyo a los presos del "procés", lo que ya le costó el cargo en septiembre de 2020.
Esta causa parte de una denuncia de Impulso Ciudadano por la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó retirar la pancarta de manera cautelar; dio a Torra 48 horas para hacerlo y cuatro días después ordenó a los Mossos d'Esquadra que la quitaran.
LA DEFENSA
La defensa del expresidente --que llevan los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal-- sostiene que los actos de Torra, como miembro del Govern y diputado, estuvieron amparados por la libertad de expresión y representación política y por su "inviolabilidad parlamentaria".
Según los letrados, la pancarta "quería representar el clamor de miles de ciudadanos en un acto de protección y garantía de los derechos humanos", algo que consideran que no puede ser un delito, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Además, advierten de que la interpretación de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio en este caso "produce una inseguridad jurídica resultante de la arbitrariedad mostrada por esta extralimitación que buscaba reprimir la libertad de expresión".
Esta es la segunda causa contra Torra sobre esta cuestión: en la primera, el TSJC lo inhabilitó 18 meses cuando era presidente de la Generalitat por un delito de desobediencia por no retirar esta misma pancarta de la fachada de la Generalitat en periodo electoral, durante la campaña por las generales de abril de 2019.
