El comité de disciplina y garantías de UPN propone la suspensión de militancia del partido para Sergio Sayas y Carlos García Adanero por un periodo de dos años y seis meses. La medida impide a los dos diputados volverse a presentar a cargo público durante el próximo electoral, previsto para 2023, y les prohíbe además ostentar responsabilidades internas, por lo que de facto es una expulsión aunque limitada en el tiempo.

La sanción es en cualquier caso menos dura de lo que había reclamado la ejecutiva de Javier Esparza, que había abogado directamente por la expulsión definitiva del partido. El pasado viernes, la ejecutiva regionalista acordó pedir formalmente el acta a sus dos diputados y tramitar su expulsión en caso contrario. "La gravedad de su actitud, no sólo por su falta de disciplina, sino también por la ocultación de su voto final, todo además con premeditación, ha causado un daño de incalculables consecuencias y repercusión, tanto en el propio partido como en sus dirigentes", expuso en una nota la dirección, que considera que se ha puesto "en jaque la credibilidad y fiabilidad de UPN".

Plazos y recurso

UPN avanza así en el proceso sancionador a Sayas y Adanero tras su negativa a votar a favor de la reforma laboral. Ambos declararon el pasado lunes ante el comité, y no descartaron acudir a la justicia ordinaria si finalmente son expulsados.

Los expedientados tienen ahora cinco días para presentar alegaciones. Después, el propio comité de garantías y disciplina aprobará la propuesta de sanción definitiva, que tendrá que ser ratificada por la ejecutiva del partido.

Según los estatutos de UPN, se consideran falta muy grave las siguientes actuaciones:

  • La indisciplina reiterada y grave a estimación del comité de disciplina en relación con las decisiones de las instancias competentes del partido.
  • La manifiesta y reiterada deslealtad al partido, a sus órganos de gobierno y representación, entendida ésta como toda acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del partido
  • Actuar en el ejercicio de los cargos públicos en forma contraria a los principios y programas del partido.

Las tres serían aplicables, a juicio de la dirección, con la actuación de Sayas y Adanero en el Congreso.