- Un grupo de ocho personas del ámbito internacional relacionadas con la mediación en conflictos, entre las que figura el abogado sudafricano Brian Currin, ha suscrito un manifiesto ante la celebración hoy en la Audiencia Nacional de un juicio a la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal, en el que piden al poder judicial que tenga en cuenta el actual “contexto político de paz” en el que tendrá lugar la vista.
Además de Currin, el comunicado está suscrito por el exministro de Inteligencia y viceministro de Defensa de Sudáfrica, Ronnie Kasrils; la cofundadora de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina Nora Cortiñas; el político norirlandés y antiguo miembro del IRA Gerry Kelly; su compañero en el Sinn Féin Declan Kearney, y el eurodiputado danés de la Izquierda Unitaria Europea Nikolaj Villumsen, además de la política colombiana Sandra Remírez.
La exdirigente de la banda será juzgada desde hoy en la AN por la única causa por la que recientemente ha sido entregada temporalmente por Francia, la colocación en 1996 de dos artefactos explosivos en Gijón que no causaron víctimas pero sí cuantiosos daños materiales. Se da la circunstancia de que fue detenida en Francia en 2015 junto al también exjefe de ETA David Pla, que fue nombrado recientemente dirigente de Sortu. El secretario general de esta formación, Arkaitz Rodríguez, difundió ayer en sus redes sociales el manifiesto de los mediadores internacionales.
Ante esta vista, los firmantes del manifiesto hacen “un llamamiento al poder judicial a tener en cuenta el contexto político en el que presuntamente se cometieron los delitos y el contexto político transformado de paz y democracia inclusiva en el que -ahora- se desarrolla este juicio”.
“Han pasado diez años desde que ETA decidió poner fin a su campaña armada y cuatro años desde que se disolvió. Iratxe Sorzabal, como miembro de la dirección de ETA, desempeñó un papel crucial en la consecución de este fin”, prosigue el texto difundido ayer.
“Fue valiente al apoyar la paz y el fin de la violencia. Sostuvo lo que la mayoría del pueblo vasco quería y ayudó a alumbrar un nuevo futuro de esperanza”, recalcan los impulsores del escrito, para quienes “todos los agentes del País Vasco y de España deberían reconocer esto y actuar en consecuencia”.
“Es hora de vaciar las cárceles, no de llenarlas. Hacemos un llamamiento a todos los agentes vascos y españoles para que tengan esto en cuenta, días antes de este nuevo juicio”, subraya el documento. Agrega que Sorzabal “se enfrenta a una larga condena fundamentada en testimonios que habrían sido obtenidos bajo tortura y malos tratos”.
A raíz de su arresto, Sorzabal cumple condena en el país galo y, tras su entrega a España el pasado 14 de enero, se sentará en el banquillo de la AN para enfrentarse a los 46 años de cárcel que pide para ella la Fiscalía por estragos y pertenencia a organización terrorista. /