- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Vox contra varios artículos de la denominada ley antipandemia de Euskadi. La formación de ultraderecha llevó la normativa ante la corte de garantías al considerarla inconstitucional por contemplar “sin intervención judicial” cuestiones como “la vacunación obligatoria, prestaciones personales obligatorias y la prohibición de trabajar si te niegas a vacunarte o a hacer una prueba diagnóstica”.
Según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Pleno del tribunal estudiará más de una docena de artículos de la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia del covid-19 aprobada por el Parlamento Vasco con el voto a favor de los partidos del Gobierno, PNV y PSE, con el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU.
La decisión del Constitucional tiene lugar después de que el grupo de Vox en el Congreso de los Diputados registrara en septiembre el recurso de inconstitucionalidad contra la normativa. A las puertas del tribunal, la diputada Macarena Olona aseguró que recurrían porque, “entre otras salvajadas”, la ley “impone” la posibilidad de declarar “de manera autónoma e independiente un auténtico estado de excepción en la comunidad autónoma”.
Olona reprochó que la ley contemplara “la vacunación obligatoria, prestaciones personales obligatorias, la prohibición de trabajar si te niegas a vacunarte o a hacer prueba diagnóstica, aislamientos y cuarentenas en el lugar que se indique y por el tiempo que se señale”. “Y todo sin intervención judicial”, apostilló. Concluyó que “los españoles pueden estar tranquilos porque a golpe de recursos seguiremos sosteniendo la defensa de sus derechos”.
Durante el debate en la Cámara de Gasteiz el pasado 24 de junio, cuando se aprobó la ley antipandemia, el parlamentario del PNV Luis Javier Telleria defendió que la misma se hizo ad hoc para afrontar la crisis sanitaria del coronavirus, y que su vigencia sería “lo que dure esta pandemia”. Añadió que la intención era dotar de “seguridad jurídica” a las medidas que se adopten “exprimiendo al máximo las competencias, sin romper el marco jurídico actual”.
La ley aprobada tiene por objeto “la regulación de los instrumentos jurídicos y actuaciones que competen a las administraciones públicas vascas con el fin de prevenir y preservar la salud pública, garantizar la seguridad de las personas y sostener las capacidades del sistema sanitario vasco durante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia”. Establece diferentes niveles de alerta, con restricciones específicas para cada uno.
Aunque su aprobación estaba asegurada gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE, estos grupos alcanzaron un acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU, de forma que se incluyeron 62 de sus enmiendas.