Queda una semana para que el Congreso de los Diputados convalide o tumbe la reforma laboral, y las piezas casi no se han movido en el tablero de ajedrez. La parte socialista mantiene su cerrazón y su resistencia a tocar una sola coma del acuerdo alcanzado con la patronal estatal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, y el propio presidente español, Pedro Sánchez, no quiso entrar ayer a elucubrar siquiera con introducir cambios en paralelo en otras leyes. Esa parte se la deja a Unidas Podemos, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lanzado propuestas inconcretas a futuro que tampoco convencen. En ese contexto, fuentes de la Ejecutiva del PNV consultadas por este periódico se mantienen firmes y no ceden a la presión.
Aunque se abren a fórmulas creativas, quieren garantías tal y como informó el martes este periódico, y eso se traduce en que votarán en contra de la reforma si no se incluye “por ley y ahora” la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales. Rechazan de manera categórica el globo sonda del cambio en el Estatuto de los Trabajadores, que también ha descartado públicamente ERC.
El tiempo corre. Se acerca el jueves de la próxima semana, y el Gobierno español va a tener que hacer un esfuerzo mayor en la negociación de la reforma laboral si quiere aprobarla con los votos del PNV. La posibilidad vaga de cambiar otras leyes en el futuro tiene el crédito agotado porque, en el caso del PNV, ya ha vivido en propias carnes el incumplimiento del acuerdo para la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, que tendría que haber llegado en octubre de 2020. Las fuentes consultadas responden con un “no rotundo a la vía del Estatuto de los Trabajadores”.
“El Gobierno ya conoce nuestro rechazo a esa fórmula, mejor que ni insista por esa vía ni trate de confundir a la opinión pública. Nuestra posición no ha variado, y no hay avances en la negociación. La prevalencia de los convenios autonómicos sigue siendo nuestra única condición, lo saben desde hace meses, y corresponde al Gobierno español habilitar la fórmula para que eso sea así si quiere nuestro apoyo. Pero les toca a ellos planteárnosla, no a nosotros”, zanjan. El presidente de la Ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, se abrió el martes a escuchar propuestas, pero la solución la tiene que dar “el Gobierno central, y de momento no nos la ha dado”. “Pero una cosa debe quedar clara: si no se garantiza por ley y ahora la prevalencia de los convenios autonómicos, nuestro voto será no. No nos valen condicionales ni futuribles: por ley y ahora”, sentencian.
Esto se traduce en que el 3 de febrero el PNV votará “en función de lo que esté ya por escrito y tenga rango de ley, y no en base a promesas o futuribles”. El grupo de Aitor Esteban defiende la prevalencia de los convenios vascos . No cede a la presión del Gobierno español, que exprime el mantra de que esta reforma tiene el apoyo de los agentes sociales: la mayoría sindical en la comunidad autónoma es otra y la lideran ELA y LAB. Las resistencias ante los cambios provienen sobre todo de la patronal CEOE, pero el PNV pide hacer pedagogía con ella porque, en realidad, la patronal es la misma en Euskadi que en el Estado y no le haría ningún daño la prevalencia de los convenios vascos ni se va a ver desautorizada en ninguna negociación en Euskadi.
Mientras tanto, Ciudadanos sigue presionando para desplazar el eje de las alianzas hacia su bancada, sin ningún protagonismo ya en el Congreso de los Diputados. Inés Arrimadas se ha sumado a la tesis de la patronal, hace suyo el mantra de que la reforma no puede incorporar ningún cambio, y ayer volvió a presionar a Sánchez avisando de que no aceptará que se toque “una coma”. Apostó por que grupos como EH Bildu y ERC no saquen “ni un milímetro de su chantaje”, según dijo tras un desayuno de Fórum Europa.
Este planteamiento obliga al Gobierno español a elegir entre el partido naranja, que se lo pone más fácil pero que puede dañar la credibilidad de su reforma por ser un partido liberal, o bien apoyarse en la mayoría de investidura que ha aprobado sus Presupuestos y que es la opción preferida también por sus aliados de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta Díaz inició ayer su gira por Catalunya para reunirse con los sindicatos, y elevó su marcaje a ERC para que avale la reforma pactada con los agentes sociales. No obstante, en paralelo, C’s ha informado de que ha mantenido contactos con el portavoz socialista, Héctor Gómez, y la opción de contar con los votos naranjas lleva días sobrevolando y tensionando la situación política en el Estado.
La secretaria del EBB del PNV, Mireia Zarate, por su parte, insistió en Bizkaia Irratia en que el PNV quiere “llegar a un acuerdo”, pero espera que Sánchez haga algún movimiento. Sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, insistió en que debe cumplirse el acuerdo y volvió a alertar a Sánchez de que todavía quedan leyes por delante y debería demostrar al PNV que es su socio prioritario, tal y como se empeñan en señalar varios ministros en público.
Arantxa Tapia. La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, la jeltzale Arantxa Tapia, insistió ayer en Euskadi Irratia en que el blindaje de los convenios vascos “es un tema de respeto a la autonomía y las competencias”. Cuando se le preguntó a qué se debe la insistencia si los convenios autonómicos son pocos, aclaró que no se trata de que sean “muchos o no”, sino de “respeto”, y también de tener en cuenta el acuerdo entre la patronal Confebask y ELA y LAB en 2017.
El PSE: Eneko Andueza. El secretario general del PSE, socio del PNV, por su parte, pidió a los jeltzales que apoyen el decreto porque, más adelante, cuando se convalide, “hay margen para negociar y hacer modificaciones”. Eneko Andueza dijo en ETB que ha pedido a Ortuzar que respalde la reforma laboral “tal como está”, y presionó con la idea de que, si el PNV no lo hace, votará con EH Bildu, Vox y el PP.
“Con todo respeto al poder legislativo, desde el Ejecutivo le decimos que convalide la reforma”
Presidente del Gobierno español
