- El Gobierno Vasco presentó ayer en Bilbao el Informe sobre la injusticia padecida por los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA; estudio exhaustivo sobre la violencia y el aislamiento social que sufrieron los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional entre 1960 y 2011, cinco décadas en las que fueron el colectivo más golpeado por la organización armada. En el acto en la sede del Ejecutivo en la capital vizcaína, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, hizo suyas las conclusiones del texto y reivindicó que “la injusticia padecida” por estas víctimas “fue intolerable desde la sensibilidad democrática y de respeto a la diversidad social”.
El trabajo en cuestión ha sido realizado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, a cargo de los profesores José Ramón Intxaurbe, Gorka Urrutia y Trinidad L. Vicente. Se trata de un encargo de la Viceconsejería de Derechos Humanos que dirige José Antonio Rodríguez Ranz y se enmarca en la iniciativa de llevar a cabo en los próximos años diversos estudios para la clarificación del pasado y el ejercicio de la memoria de la violencia en Euskadi.
En concreto, este informe de 74 páginas se centra en “el impacto del fenómeno terrorista en el colectivo de la Guardia Civil y la Policía Nacional”, así como en sus familias, haciendo especial énfasis en la manera en que sus derechos “se vieron afectados como consecuencia de la acción de la banda terrorista”. Las cifras que arroja el informe son esclarecedoras: ETA asesinó durante cinco décadas a 207 guardias civiles y a 150 policías nacionales. Además, 17 familiares de agentes de estos cuerpos perdieron la vida en atentados, entre ellos 13 menores de edad. Más allá de los muertos, la organización armada causó 711 heridos, el 43% con incapacidad permanente total.
Así las cosas, el documento constata que este colectivo ha sido el más afectado a todos los niveles por el terrorismo, tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado. “Invitamos a toda la sociedad vasca a reflexionar en torno a la construcción de una memoria reparadora y empática hacia el sufrimiento padecido por estas víctimas y por todas las víctimas inocentes”, emplazó la consejera Artolazabal en el acto junto a los encargados del informe.
La base para este estudio han sido 14 entrevistas con víctimas de ETA, cuyos nombres no se ofrecen, pero sí sus testimonios sobre distintos aspectos de cómo el terrorismo afectó a sus vidas en todos los sentidos. Más allá de los atentados, predominan también en estos relatos las situaciones de aislamiento social y el miedo con el que vivían los agentes y sus familias durante décadas.
La investigación de la Universidad de Deusto concluye que los agentes de estos cuerpos policiales sufrieron un total de siete vulneraciones fundamentales: el derecho a la integridad física y moral, a la vida, a la libertad y seguridad, a la circulación y a la libertad de residencia, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de las personas.
Por todo ello, el estudio encargado por el Gobierno Vasco llega a la conclusión de que ETA amenazaba “todos los ámbitos de vida privada y familiar, contribuyendo mediante la intimidación colectiva a que quienes integraban el cuerpo, así como por extensión a sus familias, quedasen expuestos a una situación de aislamiento social”. Añade que estos hechos no tienen cabida en una sociedad democrática, puesto que supusieron la “vulneración sistemática de derechos fundamentales”.
Además, el informe recoge una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones, a las que recomienda, entre otras cuestiones, que pongan en valor “la labor que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado en la lucha contra ETA, en su derrota y en evitar atentados que habrían supuesto un incremento en el número de víctimas”.
Llama también a “consolidar la imagen” de la Guardia Civil y de la Policía Nacional “como instituciones al servicio de las libertades públicas” y a difundir “el sufrimiento injusto padecido por las víctimas de ETA que han sido miembros” de estos cuerpos policiales.
Asimismo, el documento de la Universidad de Deusto hace alusión a los ongietorri y argumenta que estos “actos públicos de homenaje a personas condenadas por delitos de terrorismo” tienen “un importante efecto revictimizador” en el colectivo de damnificados por ETA.
Desde el Gobierno Vasco se comprometen a seguir los dictámenes del documento y, según recordó Beatriz Artolazabal, los “pilares” de verdad, memoria y reconocimiento son los que “inspiran” las políticas de Lakua en relación con “las víctimas del terrorismo y de todas las vulneraciones de derechos humanos”.
El caso de ‘Mikel Antza’. El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, opinó ayer que la familia del dirigente del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez “tiene derecho a saber” si el exjefe de la organización terrorista Mikel Albizu Antza en los años 90 tuvo algo que ver en su asesinato. Zupiria se pronunció en Radio Euskadi sobre el manifiesto de un centenar de escritores en el que se critica que se haya abierto a Mikel Antza una investigación sobre su relación con el asesinato del concejal del PP y se reclama libertad creativa para que pueda desarrollar su trabajo como escritor. “Yo creo que Antza debe tener la libertad creativa necesaria para su trabajo, pero la familia de Ordóñez tiene derecho a saber si él intervino o no en su asesinato”, defendió.
Un preso de ETA, hospitalizado. En otro orden de cosas, el preso de ETA Francisco José Ramada -que cumple condena en Martutene- ingresó ayer en la UCI tras sufrir un infarto.
