- Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunían ayer en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda, acordaron rechazarla por quince votos a seis y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero. Fuentes del consejo consultadas por Europa Press señalaron que tanto el anteproyecto como el informe de Cuesta tienen un evidente “sesgo ideológico” y avanzaron que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el Gobierno de coalición, y que no contará con el aval del Poder Judicial.

El propio CGPJ informó de que acordó rechazar esa propuesta de informe de Cuesta al aprobar la enmienda a la totalidad redactada por el vocal Enrique Lucas, propuesto por el PNV. Asimismo se acordó designar nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y el propio Enrique Lucas.

Durante el pleno se rechazó que el Estado tenga competencia para aprobar una Ley de Vivienda con ese contenido, y dado que los jueces entienden que no son correctos “múltiples aspectos” del anteproyecto, esto obliga al órgano de gobierno de los jueves a reelaborar el informe.

Un punto clave en el que discrepan es el relativo a la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque entienden que incorpora “un evidente sesgo ideológico” que será abordado en el informe que se presente a finales de enero. En cualquier caso, sí aseguraron que el CGPJ no dará su aval a ese anteproyecto del Gobierno de Pedro Sánchez, “sino todo lo contrario”.

Lucas señala en sus alegaciones las dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia -el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas en su artículo 148. Recuerda que el informe de Cuesta señalaba que “tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las comunidades autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”.

El texto aprobado por el Pleno añade que el punto de partida del informe debe ser el artículo 148.1 de la Constitución, “que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales”.