- La carpeta de Pedro Sánchez que recoge los asuntos pendientes con el Gobierno Vasco ha aligerado su peso en las últimas semanas tras los acuerdos para garantizar el soterramiento del Tren de Alta Velocidad en su llegada a Bilbao y Gasteiz y la recaudación de nuevos impuestos. Estos pactos han engrasado de manera importante la relación entre las instituciones vascas y estatales, pero donde no hay avances ni se desinflama el descontento es en el proceso de transferencias que recoge el Estatuto de Gernika.

Fuentes de Lehendakaritza y de la consejería de Autogobierno que dirige Olatz Garamendi confirmaban ayer mismo a este periódico que no han recibido ningún papel sobre la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital en Euskadi, ni tampoco hay avances sobre el resto de transferencias, que son cerca de treinta.

En el caso del IMV, al menos el Gobierno Vasco tiene ciertas garantías, porque el PNV cerró un acuerdo político con Sánchez en el marco de los Presupuestos para asegurarse de que esta transferencia llegue a finales de este año o a principios de 2022, y está fuera de toda duda que Lanbide concederá la ayuda y la pagará. Podría llegar en enero, aunque no han recibido aún la oferta del ministro Escrivá ni de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Sobre el resto de materias, nadie se atreve a ofrecer un pronóstico. El incumplimiento del Estatuto ya provocó que la consejera Garamendi se ausentara hace unos días de la reunión preparatoria de la próxima Conferencia de Presidentes.

El problema a la hora de hacer cumplir la bilateralidad con Euskadi ha quedado resuelto en el ámbito económico y fiscal con los acuerdos sobre el Concierto Económico, pero sigue aún abierto en canal en el terreno político, en lo que se refiere al cumplimiento del Estatuto de Gernika.

Desde el entorno del lehendakari Urkullu valoran que se hayan cerrado los frentes abiertos sobre el Concierto Económico y el Tren de Alta Velocidad. Sobre el tren, a consecuencia del pacto presupuestario entre Sánchez y el PNV, se ha desatado el nudo gordiano que retrasaba las obras. El Gobierno Vasco aplaude el soterramiento y la encomienda de gestión para que las instituciones vascas adelanten las obras, pero también se felicita por la licitación del tramo entre Gasteiz y Burgos.

Sobre el Concierto, está previsto que el día 23 quede ratificado en el Congreso de los Diputados el acuerdo para la concertación de nuevos impuestos con las haciendas forales vascas, en relación al IVA OSS, la tasa Google que se aplica al citado buscador de internet o Amazon en sus ingresos por publicidad; y la tasa Tobin sobre la venta de acciones en empresas que cotizan en bolsa con un valor superior a los mil millones. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, considera que la relación bilateral está funcionando y no espera sorpresas el día 23 por el reparto de fuerzas en el Congreso.

Este acuerdo fue firmado en julio. Era una cuestión vital y un tema recurrente en el discurso del lehendakari para resistirse a participar en las conferencias de presidentes autonómicos de Pedro Sánchez. En julio de este año y del anterior, Urkullu había amagado con no acudir a la conferencia porque no tenía intención de participar en foros multilaterales mientras no se respetara la relación bilateral en materia fiscal.

Este debate ha quedado zanjado, al menos, hasta que surjan en el futuro nuevas figuras impositivas que haya que concertar, o hasta que haya que actualizar los objetivos de deuda y déficit de las instituciones vascas y liquidar los cupos anuales. Pero el debate sobre la bilateralidad resurge ahora en un ámbito más político.

La negociación de las transferencias sigue pendiente. Para el Gobierno Vasco es clave desde el punto de vista cualitativo por su relevancia política (afecta al grado de autogobierno que puede ejercer Euskadi), pero también lo es desde el punto de vista cuantitativo porque afecta a treinta materias y el proceso está prácticamente sin hollar.

Desde Lehendakaritza reconocen que este incumplimiento condujo a que Garamendi se ausentara de la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, pero puntualizan que el lehendakari no tomará una decisión sobre su asistencia final a la cita (prevista en principio para el último tramo de enero) hasta conocer el orden del día del encuentro.

La consejera Garamendi arrancó en septiembre a la ministra Rodríguez el compromiso de que le hiciera llegar en octubre una oferta sobre el IMV y sobre las líneas de tren de cercanías, dos materias que en teoría iban a quedar cerradas este año. El PNV y Garamendi nunca ha sido quisquilloso con los plazos o con los retrasos, siempre y cuando un retraso de unas semanas sirviera para cerrar en condiciones la transferencia, sin recibir mercancía averiada. Pero Garamendi está elevando el tono estos días porque el cruce de papeles no comienza.

Esta demora afecta a otras materias que ya entonces se dijo que podrían llegar rápido: meteorología, servicios privados de seguridad y ordenación del litoral. En paralelo, Garamendi ha denunciado los intentos de judicializar leyes vascas (como la Ley Antipandemia) y la erosión del autogobierno.

Denuncia

Los secretarios, interventores y tesoreros de las entidades locales han cargado con dureza contra el acuerdo presupuestario del PNV y Pedro Sánchez, porque supone reconocer la competencia foral para designarlos. El Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local hizo público ayer "su completo desacuerdo" con esta medida en un comunicado al que tuvo acceso Efe. Rechazan "la pérdida de garantías" que, a su juicio, supone que Euskadi asuma las competencias sobre los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter estatal. Aluden a la igualdad y la necesidad de un régimen jurídico propio y común para "garantizar que su ejercicio se realiza con suficiencia técnica, independencia y objetividad" en labores como el control de la contabilidad municipal.

Enmienda

Este traspaso fue pactado por el PNV con el Gobierno español dentro de una de sus enmiendas a los Presupuestos, ahora en el Senado.