- Juan Carlos I se está cansando de su exilio voluntario en Abu Dabi y manifiesta ya a todo su entorno que su deseo es regresar lo antes posible a España para pasar sus últimos años de vida. Y no solo eso, sino que además quiere hacerlo en la residencia de la Zarzuela y volviendo a cobrar la asignación económica pública que se le retiró en 2020.

Así, y según publicó ayer el digital El Confidencial, el monarca emérito quiere volver en breve a Zarzuela, ya que considera que no existe problema legal alguno en su regreso, a pesar de que la Fiscalía General del Estado ha prorrogado hasta junio del año que viene las diligencias de investigación contra su persona.

Y más allá de su vuelta a España, el anterior jefe de Estado ha manifestado a sus allegados que su intención es reclamar que se le vuelva a asignar la cantidad anual de alrededor de 200.000 euros que cobraba del erario público hasta el pasado año. Por su parte, en Moncloa evitan pronunciarse sobre un posible regreso de Juan Carlos I, aunque lo que sí revelaron ayer es que se han aplazado indefinidamente los trabajos para una futura ley que regule la Corona española.

Mientras tanto, los abogados del rey emérito se centran en la causa en Reino Unido sobre la denuncia presentada por Corinna Larsen por supuesto acoso. A este respecto, la defensa del exmonarca argumentó en una vista el pasado lunes ante el Tribunal Superior de Londres que los tribunales británicos no tienen jurisdicción sobre la demanda presentada por la examante de Juan Carlos I.

El Tribunal Superior londinense ha empezado a examinar el caso presentado por Larsen contra el exjefe de Estado español por haber sido víctima de presunto acoso desde 2012. En esta corte inglesa deberá decidirse si Juan Carlos I goza de inmunidad por su blindaje constitucional mientras reinó en España, lo que determinará si la demanda podrá o no ser examinada por la Justicia británica.

Respecto a los hechos que se juzgan, Corinna Larsen acusa al exmonarca de haberla sometido a “acoso” desde hace nueve años hasta el presente, personalmente o bien a través de “agentes” a su servicio. Esas acciones “amenazaron” su seguridad y la de sus hijos, asegura la demandante.

De acuerdo con el argumento de la defensa, el rey emérito tendría inmunidad en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de la Ley británica sobre Inmunidad, que hace referencia al blindaje de extranjeros.

Por su parte, la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, fue cuestionada ayer en rueda de prensa acerca de las últimas noticias sobre la monarquía y reconoció que no hay “ningún avance” respecto a una eventual ley para regular la Corona, porque actualmente la prioridad del Ejecutivo es la “recuperación”. Además, evitó pronunciarse sobre el deseo del rey emérito de volver a España con una asignación económica.

De esta manera, la ministra portavoz echó balones fuera y se limitó a defender el papel del actual jefe de Estado. Así, destacó el “esfuerzo que desde la actual Casa Real y el rey Felipe VI están haciendo por dotar a la monarquía parlamentaria de un mayor ejercicio de transparencia y ejemplaridad”.

Precisamente hace un año, en diciembre de 2020, el presidente del Ejecutivo de coalición, Pedro Sánchez, anunció la intención del Gobierno y de la monarquía de emprender una “hoja de ruta de renovación” de la Corona para hacerla más transparente y ejemplar, sin adelantar ninguna acción concreta, lo que abría la puerta a la elaboración de una posible ley.

Ahora, sin embargo, Moncloa aparca la elaboración de esta norma y lo justifica por la prioridad que tienen la recuperación económica y los compromisos con la Unión Europea para recibir los fondos destinados a superar la crisis de la pandemia. “Nuestra hoja de ruta está contemplada en el plan normativo y es una agenda normativa muy intensa que está acompañando a las reformas que van a dar lugar a la llegada de esos fondos”, añadió Rodríguez, reconociendo que por el momento la Ley de la Corona no se encuentra en dichos planes.

Mientras tanto, el rey emérito tiene abiertas tres investigaciones en el Estado español: una sobre un presunto cobro de comisiones de las obras del tren de alta velocidad de La Meca; otra sobre donaciones no declaradas y una tercera por posible ocultación de fondos en paraísos fiscales.

Reproches entre PSOE y PP. El PP criticó ayer que el pasado lunes Pedro Sánchez culpara a Pablo Casado de que no haya ningún avance para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, los populares se defienden afirmando que quien tiene que hacer los avances es quien gobierna, y esto pasa por una ley “para que los jueces elijan a los jueces”. De esta manera, siguen las profundas discrepancias entre los dos partidos mientras el órgano lleva ya tres años pendiente de reforma.