Las nuevas leyes de memoria de los gobiernos vasco y español están siguiendo caminos paralelos, ambas actualmente en fase de tramitación en el Parlamento Vasco y el Congreso de los Diputados, respectivamente, pero son más los puntos que las unen que las diferencias entre ambas. Así lo ha expresado el director general de Memoria Democrática del Ejecutivo español, Diego Blázquez, que ha dejado constancia del “excelente nivel de entendimiento y cooperación” y de “la buena sintonía entre las dos administraciones en esta materia”.
Blázquez se ha pronunciado en estos términos en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco, que esta mañana ha acogido una nueva tanda de comparecencias para realizar aportaciones al proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. Ha roto el hielo, de forma telemática desde Madrid, avanzando su “opinión favorable” respecto a la norma vasca. A continuación ha desgranado algunos de los elementos a su juicio más positivos de la misma, empezando por su “carácter progresivo”, palpable en expresiones del texto como “tensión vigilante” y “progresiva sanación”.
El responsable estatal en este ámbito ha explicado que “una de las características de las políticas de memoria democrática es su evolución constante y construcción permanente”. A su juicio, “los valores de libertad, igualdad y justicia son metas que solo podemos ir alcanzando progresivamente, no tienen una realización definitiva máxima, sino que se realizan en base a las circunstancias de cada momento y a las aspiraciones de la ciudadanía”. Por ello, “más que hablar de memoria”, ha instado a hablar de “trabajo de memoria”.
CENSO Y BASE DE DATOS DE VÍCTIMAS
Otra valoración positiva de Diego Blázquez ha girado en torno a la idea de patrimonio democrático, que ha situado como “el corazón de esta iniciativa normativa” y que ha identificado con las víctimas. Ante los grupos parlamentarios, ha asegurado que “el mayor patrimonio democrático que tiene este país es el relato de las víctimas”, colectivo que “nos advierte de la fragilidad de la democracia y de los valores que la caracterizan” y que “también habla de historias de valor, sacrificio y compromiso”.
Ha alabado por ello que “la primera medida contemplada en el proyecto en relación con las víctimas sea la elaboración del censo y la base de datos, como manifestación del derecho a la verdad de las víctimas” y de la sociedad en su conjunto. En este sentido, ha destacado el “excelente trabajo realizado desde la propia creación de Gogora, que además ha permitido desarrollar iniciativas conjuntas de ámbito estatal”.
Durante la comisión también han ofrecido su testimonio Mireia Zarate e Iñaki Goiogana por parte de Sabino Arana Fundazioa; María Márquez Romero como representante de la Fundación Ramón Rubial; y la catedrática de Historia y profesora de la Universidad de Deusto María Jesús Cava. Para más adelante ha quedado la aportación de la asociación Goldatu. En su alocución, Diego Blázquez también ha resaltado los “elementos muy inspiradores” del proyecto vasco en materia de reparación, que ha tenido su reflejo en las enmiendas presentadas por los grupos de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez a la norma española.
DIFERENCIAS FORMALES
El representante de Moncloa también ha puesto el acento en algunas diferencias a nivel “estructural, formal”, ya que contenidos que se desarrollan de forma “autónoma” en la ley de Euskadi, se agrupan en la norma estatal bajo la denominación ‘Deber de memoria’. La misma hace referencia a la “asunción por parte de la sociedad de un deber de garantizar la memoria colectiva de carácter democrático”.
Por último, Diego Blázquez ha alabado la mención al “pluralismo político”, garantizado en los propios estatutos de Gogora y que se aplica en la pluralidad en la investigación, ya que “la memoria democrática no puede ser nunca una excusa para la homogeneización”. Sí tiene que serlo, en cambio, para la “construcción de un proyecto compartido basado en los valores democráticos y por tanto respetuoso con las discrepancias ideológicas”.
“Mi impresión general es positiva en cuanto a la oportunidad, pertinencia, forma y el contenido de la propuesta”, ha apostillado Blázquez. “Todos los poderes públicos y todas las administraciones tenemos mucho que aportar en este ámbito, cada uno en el marco de las competencias propias”, ha concluido, tras lo que se ha sometido a las preguntas y consideraciones de los portavoces de los grupos.
