- Cuando ayer concluía el plazo para registrar enmiendas parciales al proyecto de Ley de Memoria Democrática, que está llamada a sustituir a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, el PSOE y Unidas Podemos hicieron saltar la sorpresa al anunciar un acuerdo para que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura sean imprescriptibles y “no amnistiables”, al prevalecer el derecho internacional frente a la Ley de Amnistía de 1977. Se trata de un guiño a la denominada mayoría de la investidura de Sánchez, sobre todo ERC, para que de su apoyo a la nueva Ley de Memoria, pero que no resultó suficiente. El portavoz de la formación republicana, Gabriel Rufián, calificó este paso de “engaño” y reclamó modificar la Ley de Amnistía.
En una rueda de prensa, Rufián valoró que el PSOE no quiere cambiar esa ley porque eso supondría “reconocer un error que se cometió hace más de 40 años”. Así, mientras el diputado morado Enrique Santiago celebró el acuerdo alcanzado para que la Ley de Amnistía “no pueda ser utilizada como una excusa para no perseguir” este tipo de crímenes; el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, mantuvo la negativa de su partido a derogar esta normativa porque “no sería la panacea” y “las leyes penales desfavorables al reo no se pueden aplicar de forma retroactiva”.
EH Bildu también deja claro en sus enmiendas que apuesta por la derogación de la Ley de Amnistía del 77, de modo que no prescriban los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Apuesta asimismo por la anulación de las condenas del franquismo y por la responsabilidad económica e indemnización del Estado a las víctimas. La coalición pide además declarar el 18 de julio como Día de condena del golpe fascista, en “recuerdo y homenaje a todas las víctimas que se derivaron de él”.
PSOE y Unidas Podemos han pactado una treintena de enmiendas al articulado del proyecto de ley, incluyendo una destinada a derogar diversos aspectos de la Ley de Amnistía con el propósito de evitar la “impunidad” sobre los “crímenes de lesa humanidad” cometidos durante la dictadura. Pero en lugar de derogar esta norma clave en el período de la Transición, apuestan por marcar una senda para sortearla mediante una amplia interpretación de la aplicación del derecho internacional y humanitario en el Estado. En concreto, los dos socios del Gobierno plantean que “todas las leyes”, incluida la Ley de Amnistía, “se interpretarán y aplicarán” conforme al derecho internacional y humanitario, según el cual “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles y no amnistiables”. Ahora necesitan el apoyo de otros grupos para que salga adelante en la Comisión Constitucional del Congreso.
Esta modificación es la de mayor alcance y con mayor relevancia jurídica y simbólica, pero hay otras significativas y con posibilidades de lograr luz verde, como cambiar el nombre del Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros para quitarle así las connotaciones ligadas al franquismo, tras la exhumación en 2019 de los restos de Franco.
Las enmiendas de socialistas y morados también incluyen ampliar el censo de víctimas del franquismo para incorporar a las víctimas de la Transición, de 1978 a 1982. Además, los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española y se creará una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones. Se incorporará un banco de ADN para identificar y localizar a víctimas enterradas en cunetas, así como casos de los denominados bebés robados.
Respecto al procedimiento para la declaración de nulidad de las sentencias del franquismo o el desarrollo reglamentario de las medidas que se contemplan, Podemos anunció que trabajará para llegar a un “amplio acuerdo con todas las fuerzas progresistas que permitan una puesta en práctica ágil y eficaz”.
Fin de la impunidad. Los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo no gozarán del amparo de la normativa de amnistía promulgada en 1997.
Bienes incautados. Desarrollo de una auditoría con vistas a determinar bienes incautados por el franquismo a personas que sufrieron represión, que además servirá para definir un inventario de bienes y la opción de imponer sanciones económicas por este motivo. Se recoge la obligación del Estado a desarrollar una serie de medidas de restitución, rehabilitación y restablecimiento de derechos, tanto en el plano individual como colectivo.
Bebés robados. Se estipula un banco estatal de ADN de víctimas de la guerra civil y la dictadura, que almacenará los perfiles también de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos. Para ello, la aportación de muestras biológicas será “voluntaria y gratuita”, además de poder contar de cara a su funcionamiento con representantes de asociaciones de víctimas. En el caso de ‘bebés robados’ con denuncia admitida por los tribunales, solicitarán la toma de muestras para secuenciar el ADN y compararlas con los datos almacenados.
Títulos nobiliarios. Suprimir los concedidos a 33 personalidades del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, de Franco, Mola, Calvo Sotelo, así como marqueses de Queipo de Llano, Arias Navarro, Alboran, Somosierra o Casa Cervera.
Nacionalidad. Otorgar la nacionalidad española a los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron en la Guerra Civil. No obstante, no se ha introducido ningún punto a la concesión a los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, momento en el que el Sáhara Occidental dejó de estar bajo soberanía de España, así como a sus descendientes en primer grado de consanguinidad, como planteaba Unidas Podemos.
