- El Gobierno español supeditará la anunciada reforma legal para sancionar por la vía administrativa los ongietorri convocados para recibir a expresos de ETA a la conclusión del debate abierto en la Unión Europa sobre la "perspectiva de los derechos humanos", ya que actuar contra estos homenajes públicos "puede colisionar con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión", advierten desde Moncloa.
En una respuesta parlamentaria fechada el 11 de octubre, el gabinete de Pedro Sánchez recuerda que actualmente se debate sobre la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo, ya que "una de las cuestiones que se está examinando es, precisamente, el delito de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo (artículo 5) cuando no existe un riesgo real e inminente".
Por este motivo, el Ejecutivo entiende que la prometida reforma de la Ley de Víctimas de 2011, que anunció en su día el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "aconseja" esperar a la resolución del debate europeo. La intención es sustituir la vía penal -ante los reiterados pronunciamientos judiciales en contra de lo interesado por las víctimas- y usar como alternativa la administrativa, por medio de la regulación de sanciones económicas.
Recuerda el Gobierno que la propia legislación europea "exige que esas acciones o expresiones entrañen una situación de riesgo cierto para las personas o derechos de terceros y para el sistema de libertades". Añade que "cuando se trata de organizaciones no activas, como ETA, la Audiencia Nacional desde 2017 viene considerando que no existe ese riesgo cierto y, en consecuencia, procede a archivar las denuncias".
No obstante, alerta de que esta nueva vía está supeditada al debate actual "en Europa sobre la sanción de estas conductas, ya que desde la perspectiva de los derechos humanos puede colisionar con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión". Cita también la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por ser "estricta en la consideración del delito de enaltecimiento del terrorismo".
Concluye el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que "en el informe final de la Comisión Europea se abordarán las conductas de enaltecimiento del terrorismo, lo que podría determinar una modificación de la directiva europea en esta materia". En ese caso, "sería necesario acomodar cualquier modificación de la legislación nacional a la europea".