PSOE y Podemos pactan unas Cuentas que aún necesitan el voto de PNV y ERC

Ambos partidos han alcanzado un acuerdo para regular el precio de los alquileres en el marco de una nueva Ley de Vivienda y también para que el Impuesto de Sociedades sea como mínimo del 15% para las grandes corporaciones. A la espera de conocer el detalle y la letra de la norma, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha tratado de desactivar un potencial conflicto con Euskadi y Catalunya aclarando que la futura Ley de Vivienda estatal, la primera de la democracia, no pretende suplantar las normas autonómicas ni obligar a las comunidades a aplicar sus contenidos. Simplemente las habilita para tomar esas decisiones si lo desean.

Sánchez tuvo que intervenir en la negociación para desatar el nudo que impedía presentar los Presupuestos. Lo consiguió en el último momento, en una reunión con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, poco antes del Consejo de Ministros celebrado este martes. De ahí que no diera tiempo a presentar este mismo martes las Cuentas. De esa forma se consiguió superar el largo desencuentro entre los dos partidos que forman el Gobierno español. Unidas Podemos araña la regulación del precio del alquiler a la que se había resistido con fiereza el PSOE, pero no lo logra en todos los casos.

En concreto, se apuesta por rebajar el precio del alquiler de las viviendas en manos de grandes propietarios (los que posean más de diez inmuebles y sean fondos y empresas), con una fórmula de la que no se ofrecieron detalles. Se utilizarán índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado. A los pequeños propietarios se les congelarán los precios. En su caso, no se obligará a bajar los precios, sino que se buscará ese mismo objetivo aplicando incentivos fiscales que podrían alcanzar el 90%.

Además, se establece un recargo que puede llegar al 150% en el IBI para las viviendas vacías, y se reservará el 30% de las promociones de vivienda protegida para el alquiler social. Las familias vulnerables tendrán ayudas de hasta el 40%. Pedro Sánchez aprovechó su participación en el Primer Foro Urbano para anunciar un bono joven de 250 euros al mes durante dos años para los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas anuales inferiores a los 23.725 euros.

LA POSICIÓN DEL PNV

Fuentes del grupo del PNV en el Congreso aseguraron a DEIA que por ahora no hay acuerdo sobre los Presupuestos con Sánchez, y que no pueden hacer una valoración acerca de la Ley de Vivienda sin conocer las medidas que quieren implementar en un proyecto de ley que no se ha presentado. Con el PNV no ha existido diálogo en esta ley, aunque el grupo jeltzale se declara "consciente" de que la vivienda es un problema real y "no se opone, por principio, a tratar de buscar una solución para facilitar la emancipación" de los jóvenes. "Habrá que analizar si la propuesta es la adecuada, y si respeta el marco competencial vigente", aclaran. El Govern catalán adelantó que acudirá al Tribunal Constitucional si la ley vulnera sus competencias, y las comunidades del PP deslizan que no la aplicarán.

En este sentido, Bolaños aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la futura ley "no deroga el resto de leyes de vivienda autonómicas". "Es una ley que tiene en cuenta las competencias. Hay que contar con las competencias de las comunidades y de los ayuntamientos. En el caso de los ayuntamientos, por ejemplo, con el recargo del IBI. El Gobierno lo que hace es habilitar al ayuntamiento. Y, para la declaración de una zona tensionada, es la comunidad quien debe solicitarlo", matizó. Este proyecto de ley se presentará más adelante, más tarde que las Cuentas, y hasta entonces no se conocerá la plasmación real de esta voluntad. Ante los recelos, desde el Gobierno español precisaron más tarde que el índice de precios se tendrá que diseñar con las comunidades autónomas y todas las instituciones implicadas en 18 meses desde la entrada en vigor de la ley. Sobre el Impuesto de Sociedades, en principio la cuestión está fuera de duda porque los regímenes forales tienen competencia para fijar sus propios límites.

El PNV no quiere ofrecer más detalles sobre sus demandas en esta negociación, aunque ya es conocido que ha exigido cumplir los acuerdos firmados hace meses, como el traspaso íntegro de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Lanbide, la reactivación del calendario de transferencias, el soterramiento del Tren de Alta Velocidad en su entrada en Bilbao y Gasteiz, y el cumplimiento de las inversiones plurianuales y otros asuntos relacionados con los fondos europeos (Bolaños precisó que en las Cuentas de 2021 habrá 25.000 millones por ese concepto).

Los jeltzales son conscientes de que su peso es relativo porque Sánchez puede cerrar las Cuentas con los soberanistas catalanes, con EH Bildu y otros partidos con menor representación, pero detectan una voluntad de contar con el PNV por el mensaje que lanza al mundo económico. EH Bildu no tiene un pacto de investidura, pero ha lanzado mensajes proclives al acuerdo. Fue uno de los grupos que presionó con el alquiler, pero Oskar Matute planteó en Radio Euskadi otras cuestiones como derogar la reforma laboral y poner sobre la mesa la Ley Mordaza

AVISO DE ERC

AVISO DE ERC

Gabriel Rufián avisó de que el apoyo de ERC no se puede dar por hecho pese al acuerdo sobre el alquiler, y que no basta que Podemos vote a favor para atraer por sí mismo a los republicanos. Previno contra el riesgo de una "negociación exprés de 24 horas" y avisó: "Que nadie cuente con el voto de ERC". Compromís pidió mayor inversión en trenes de cercanías. Tanto Bolaños como Yolanda Díaz admitieron que ahora toca negociar con los socios de investidura. Bolaños apostó por sumar a cuantos más mejor, y aprobar las Cuentas antes del 31 de diciembre.