- A un mes de que se retome la mesa de diálogo que quedó en el limbo por culpa de la pandemia y del retraso intencionado desde Moncloa, todo son incógnitas y no muy buenos augurios del resultado desde sus primeros pasos. Para empezar, el Gobierno de Pedro Sánchez ya estableció de entrada sus líneas rojas advirtiendo de que ni la amnistía ni el derecho de autodeterminación serían objeto de debate. Posteriormente, las declaraciones públicas desde ERC y Junts ratifican la sima que les separa en cuanto a la manera de percibir esta herramienta y su desarrollo. Todo, a expensas de que se concrete quiénes serán los protagonistas tanto por parte de la delegación catalana como por parte del Ejecutivo español.
Después de que se descartara la participación en este foro tanto de Carles Puigdemont como de Oriol Junqueras, está por ver si en la mesa se sentará Miquel Iceta, como sería pretensión del PSC, después de que el actual ministro de Cultura, tras su breve paso por el Ministerio de Política Territorial, hubiera arrancado a Pedro Sánchez un asiento en este cónclave bilateral a cambio de lo que entendió como una degradación, como así lo trasladó con su malestar el día de su nuevo nombramiento.
Entre tanto, dirigentes de Junts ya han manifestado sus pocas esperanzas en la mesa de negociación. Su portavoz adjunto en el Parlament, Josep Rius, declaró hace unos días que los dos años de margen para comprobar los avances “no pueden servir para dejar aparcado el punto de tensión justa o confrontación inteligente con el Estado”. “Nos comprometimos con el diálogo”, indicó, pero añadió que “eso de agotar los dos años ya se verá”. “Quizá con dos o tres reuniones ya vemos cómo va”, sentenció, a la vez que reconoció que es “muy difícil” que el diálogo funcione.
Y mientras Junts duda de que Sánchez se decante por una actitud valiente, la CUP no ha tardado en afear a Pere Aragonès y a su equipo de gobierno la “actitud de renuncia” a cambio de unas cuantas transferencias.
Desde Moncloa prefieren hablar de clima de “buen entendimiento” con el Govern y se apoyan en los acuerdos de la Comisión Bilateral para apuntar que ese es el camino. Sin embargo, esa cita se ceñía a cuestiones sectoriales. Y la mesa, al conflicto político.