- El ruido en torno a la financiación autonómica, que la mayoría de comunidades exigen reformar para acabar con lo que consideran una desigualdad en el reparto de fondos de la caja común, crece por momentos a medida que van corriendo los plazos para que el Ministerio de Hacienda cumpla con el compromiso parlamentario de presentar una propuesta de reforma del modelo actual antes de que finalice el año. Compromís, socio habitual del Gobierno de Pedro Sánchez y uno de los partidos que apoyaron, junto con el PSOE y Unidas Podemos, esa iniciativa en el Congreso, elevó ayer el tono y su diputado en la Cámara baja, Joan Baldoví, dio un ultimátum a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: “O cambian ya el sistema de financiación o cambiaremos de ministra”.
Pero no fue el único. La Comunidad valenciana se siente especialmente maltratada con el actual sistema, malestar al que puso voz la líder de Compromís y vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, al asegurar que los valencianos están “hartos de ser siempre los últimos”. Los partidos de la oposición también elevaron el tono y la portavoz de Ciudadanos en esa comunidad, Ruth Merino, exigió al presidente regional, Ximo Puig, que “deje de obedecer” a Sánchez y se plante para conseguir una financiación autonómica justa.
El principal partido de la oposición, el PP, terció a su vez en este asunto y el portavoz popular de Economía en el Congreso, Miguel Ángel Castellón, denunció que el Gobierno español establece comunidades autónomas “de primer orden” al avalar una mesa de negociación “privilegiada” en referencia a Catalunya frente al resto de españoles, a quienes “falta al respeto”. Se refería así a la Comisión Bilateral entre Moncloa y la Generalitat que se celebró el pasado 2 de agosto en Madrid, después de que el president catalán, Pere Aragonès, rechazara asistir a la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar tres días antes, el 30 de julio, en Salamanca, donde fue el único líder autonómico ausente.
La titular española de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró hace unas semanas que espera poder presentar a las comunidades autónomas las conclusiones respecto a los criterios para la reforma del modelo de financiación autonómica en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes del final de 2021. Y es que Moncloa encargó un informe a un comité de 17 expertos para reformar el sistema fiscal en España. Se barajaba que sus conclusiones podrían estar listas a principios del año que viene, pero ese plazo no parece satisfactorio para los implicados a tenor del cruce de declaraciones de ayer.
Miguel Ángel Castellón defendió que sea en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no en reuniones bilaterales, donde se decida qué criterio se va a utilizar en el nuevo sistema de financiación territorial, para negociar “en igualdad de condiciones” el dinero de la caja común y que de esta manera se respete “la igualdad de los españoles ante la ley”. En una entrevista concedida a Radio Intereconomía, adelantó que el PP rechaza el criterio de “población ajustada” como eje del nuevo sistema de financiación, que desde el Gobierno se ha apuntado como referencia. “Los criterios hay que fijarlos en esa mesa”, insistió.
Mientras, Euskadi mira de reojo estas reivindicaciones, que no le afectarían al contar con un régimen especial regido por el Concierto Económico. El lehendakari, Iñigo Urkullu, tuvo que salir recientemente al paso de las acusaciones de otros presidentes autonómicos, sobre todo del PP, por la relación bilateral que la CAV mantiene con el Estado. Y lo hizo en el marco de la Conferencia de Presidentes, que estuvo precedida la víspera de una Comisión Mixta del Concierto Económico. Ya en Salamanca, Urkullu denunció el “desconocimiento interesado” de la Constitución y el Estatuto, y recordó que la Ley del Concierto Económico es “de obligado cumplimiento” y supone un “riesgo unilateral” para las instituciones vascas.
La líder de Compromís y vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, recordó ayer que se acumulan “siete años de retraso” desde que caducó el modelo de financiación actual, por lo que instó a “poner punto y final a esta situación de injusticia y poner encima de la mesa una propuesta justa”. Explicó que la Comunidad valenciana recibiría 3.515 millones más si contara con la financiación de Cantabria, lo que supone “un año y medio” del presupuesto de su departamento, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En cambio, “la infrafinanciación sostenida durante décadas nos empobrece cada vez más”, lo que calificó de “injusticia”.
El informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que volvió a situar a Valencia como la región peor financiada de todo el Estado y que prevé un ligero descenso en los recursos, hizo que el diputado Joan Baldoví saltara y lanzara a través de Twitter un órdago a la ministra de Hacienda para que cambie cuanto antes el sistema de financiación autonómica.
“O cambian ya el sistema de financiación o cambiaremos de ministra”
Diputado de Compromís
“Se tiene que decidir la financiación en igualdad de condiciones y no en reuniones bilaterales”
Portavoz de Economía del PP
