Pedro Sánchez carga pilas en Lanzarote. Días de sol que pueden convertirse en nubarrones a la vuelta de la esquina. El Gobierno que preside necesita sacar adelante los Presupuestos de 2022 para garantizarse la estabilidad y canalizar los fondos europeos, y urge el apoyo de sus socios de investidura, que no están dispuestos a darle un cheque en blanco. Además de hacer efectivos los compromisos forjados con el PNV, deberá lidiar con el soberanismo catalán y el escenario de la mesa de diálogo mientras capea el temporal reabierto con su socio de coalición, Unidas Podemos, y afronta varias leyes pendientes que pueden tensionar aún más las relaciones dentro del Ejecutivo español.
Según el calendario de traspasos, Gobierno Vasco y Moncloa tendrían que cerrar un paquete de 25 competencias antes de que concluya octubre, ocho de las cuales descansan en el cajón de asuntos pendientes. Las transferencias más avanzadas responden a Inmigración, líneas ferroviarias de Cercanías y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que debía estar en manos de Lakua hace ya diez meses y que el ministro José Luis Escrivá se niega a ejecutar en los términos que se alcanzaron, dilatándolo en el tiempo y con falta de diálogo al respecto. Reiteradamente, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recordado al líder de PSOE que el cumplimiento íntegro del Estatuto es requerimiento ineludible, y se ha encontrado con una réplica voluntarista por parte de la delegación del Gobierno en la CAV que encabeza Denis Itxaso. Todo apunta a que cumplimentar en solo dos meses la mitad de lo acordado sería casi un éxito. Para más inri, persisten las diferencias ante la imposibilidad de hacerse con la competencia de la Seguridad Social.
Sánchez puede toparse con un serio obstáculo en Catalunya pese a las diferencias estratégicas entre los compañeros de viaje en el Govern. Aunque Esquerra diferencia la línea de negociación que se abrirá en septiembre con la mesa de diálogo de la que servirá para que discurran las conversaciones presupuestarias, a nadie se le escapa que serán juzgadas de manera paralela, sobre todo desde Junts. La formación de Pere Aragonès exige que se materialicen los consensos alcanzados en la Comisión Bilateral, que ya de por sí les parecen “insuficientes”, así como el pago antes de noviembre de 200 millones relativos a la deuda del Gobierno central con la Generalitat, una cantidad también por debajo de lo previsto: 100 millones en septiembre y otros dos traspasos de 50 millones en los meses posteriores. El Gabinete de Sánchez desencallaría así la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo de hace cuatro años que otorgó la razón al Govern y reconoció una deuda de 759 millones asumida por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por el incumplimiento en 2008 de la Disposición Adicional Tercera del Estatut. Aunque en el encuentro del pasado lunes no se pudo materializar la concreción de todas las materias, la fuerza republicana reclama 56 traspasos y aspira a sacar adelante escollos como la Ley Audiovisual o la retirada de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de Catalunya.
En paralelo, no son pocos los debes que debe resolver dentro de su acuerdo de gobernabilidad con Podemos. Entre las principales normas que el Gobierno de Sánchez tiene que poner en marcha debería figurar, una vez se dé carpetazo a 2021, la reforma laboral con los nuevos ERTE estructurales y los cambios en la negociación colectiva y la subcontratación. Ya a mediados de 2022 tendrían que estar aprobadas la cotización por ingresos reales de los autónomos y la revisión de los sistemas de pensiones complementarios. Igualmente, a finales del próximo año habría que completar la Ley de Vivienda, la Ley de Función Pública y la reforma de las pensiones, incluyendo las subidas de las cotizaciones máximas, la modificación del periodo para calcular la pensión y la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional que haga frente a la jubilación del baby boom. Una vez arranque 2023 entraría en vigor la reforma fiscal y la revisión de los beneficios fiscales.
Todo ello en un clima de tensión en el Consejo de Ministros debido a la divergencia entre PSOE y Podemos en diversos ámbitos, el último de ellos el referido al acuerdo con la Generalitat para la ampliación del aeropuerto de El Prat y que, según la marca morada, supone empedrar el camino a la Ley de Cambio Climático, lo que comparten socios como Más País y otras fuerzas del bloque de la investidura. La venta de un 22% de Naturgy a un fondo extranjero con residencia en las islas Caimán y la disensión en torno a la institución monárquica y la situación del emérito han enrarecido el ambiente, y eso ya sin la presencia de Pablo Iglesias. Pese a la prórroga del escudo social, el partido que a día de hoy abanderan Ione Belarra y Yolanda Díaz apremia la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que ha generado fricciones con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
“O aclaramos las discrepancias, o su Gobierno puede tener problemas con el Presupuesto”, le avisó el PNV, aseveración que podría hacer extensible el resto de socios. A Sánchez no le valdrá esta vez con sacar a pasear el paraguas y esperar a que escampe.
El Gobierno Vasco exige cerrar en octubre 25 traspasos, 8 de ellos pendientes y 17 que pueden quedar encauzados. Además del IMV, varado en el puerto del ministro Escrivá, que se niega a una transferencia completa, podría avanzarse en lo referente a las líneas de tren de cercanías, la inmigración (para que Euskadi ejecute la legislación para los permisos de trabajo y la integración, entre otros puntos), y la ordenación del litoral.
Acuerdos de la Comisión Bilateral aparte y de la próxima mesa de diálogo, el Govern insta al pago de 200 millones relativos a la deuda con la Generealitat, que asciende a 759 millones, según sentencia del Tribunal Supremo, por el incumplimiento en 2008 de la Disposición Adicional Tercera del Estatut.
La regulación de los alquileres de viviendas, la subida del SMI o el aumento de la presión fiscal forman parte del acuerdo de gobernabilidad con Unidas Podemos.
