- Tras salir a la luz las reticencias de la Abogacía del Estado a pronunciarse sobre la legalidad o no de los avales públicos a la multa millonaria impuesta a 34 excargos de la Generalitat, el PP y Ciudadanos cargaron ayer duramente contra el presidente español, Pedro Sánchez, acusándole de utilizar los Servicios Jurídicos del Estado en beneficio de sus propios intereses. Así, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, acusó al dirigente socialista de poner las instituciones “a su servicio”, lo que calificó de “tremenda irresponsabilidad”.
“El problema es que Sánchez cree que las instituciones deben servirle a él”, prosiguió Montesinos, por lo que reclamó al Gobierno que “saque sus manos” de las instituciones, que intentan hacer su trabajo “de la mejor manera posible”, para que actúen de forma autónoma y en beneficio del interés general. Concluyó que el Tribunal de Cuentas está haciendo el trabajo “que tiene que hacer” y que es evidente que quienes dieron “un golpe” a la legalidad y “malversaron el dinero de todos no se pueden ir de rositas”.
Por su parte, el vicesecretario general de C’s y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, dijo sospechar que el Gobierno español ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para “mirar a otro lado”, pese a que los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para evitar que el Tribunal de Cuentas embargue bienes a los cargos públicos del procés son, según él, un “fraude de ley”.
Bal, abogado del Estado en excedencia, valoró que esas dudas de los Servicios Jurídicos apuntan a “una argucia de Sánchez para no molestar mucho a sus socios separatistas”. Instó por ello a la Abogacía a hacer el informe sobre los avales.
