- La Fiscalía Anticorrupción se plantea recurrir la decisión de la Audiencia Nacional en la que se pone fin a la investigación de la operación Kitchen sin realizar las pesquisas reclamadas por los fiscales. El juez Manuel García Castellón ha restringido toda la trama al Ministerio del Interior, por aquel entonces en manos de Jorge Fernández Díaz, exculpando así al máximo beneficiario de la Kitchen y al que el resto de imputados apuntan como conocedor de toda la operación, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. El que fuera secretario general del Partido Popular era a priori el máximo interesado en sustraer documentación comprometedora sobre la caja B del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas. Sin embargo, García Castellón “no observa conexión alguna” entre el excomisario Villarejo y el expresidente del Ejecutivo.

Para seguir indagando en la Kitchen, la Fiscalía pide, entre otras medidas, la declaración del ex director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y seguir investigando para determinar si Rajoy estaba al tanto de la operación que investiga el espionaje parapolicial que se habría organizado desde el Ministerio del Interior contra Bárcenas, en busca de documentos que podrían comprometer a la formación y sus dirigentes para evitar que llegaran a la Justicia.

El juez de la Audiencia Nacional optó por cerrar la instrucción sin acordar las últimas diligencias planteadas por el Ministerio Fiscal, que había pedido prorrogar seis meses la investigación para poder practicarlas. Las acusaciones ejercidas por el PSOE y Podemos también habían solicitado continuar con las pesquisas, así como la Abogacía del Estado, el propio Bárcenas y las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Fuentes de las defensas avanzaron igualmente que impugnarán el auto de procesamiento, que sitúa a un paso del banquillo al exministro del Interior y su ex secretario de Estado. Entre las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción destaca la solicitud para que el PP indique quién era el intermediario entre Rajoy y Villarejo para que el excomisario le mantuviera informado sobre el desarrollo del presunto espionaje a Bárcenas. Sin embargo, el juez “no observa conexión alguna” entre los teléfonos intervenidos y el que supuestamente utilizaba Rajoy. Además, para el magistrado, ninguna diligencia realizada a lo largo de la instrucción permite sostener que “Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”.

García Castellón consideró asimismo “innecesaria e inútil” la citación como imputado del ex director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que reclamaba el Ministerio Público, debido a “la falta de indicios que justifiquen este llamamiento”. “Ninguna de las diligencias practicadas permite inferir con objetividad su participación en la operación”, zanjó.

Mientras Anticorrupción veía necesario ahondar en “la posible implicación de responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial”, el juez decidió circunscribir toda la operación al Ministerio del Interior, señalando que “debe descartarse del objeto de este procedimiento la existencia de una trama política ajena” a la cartera que dirigía por aquel entonces Jorge Fernández Díaz.

El juez también archivó la causa para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, por “la debilidad” de los indicios. García Castellón considera que no hay pruebas contra Cospedal en Kitchen, pese a las anotaciones sobre pagos al excomisario y la grabación en la que ella y su marido le encargan “trabajos puntuales”.

Nuevo juicio. Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a Villarejo, a su socio Rafael Redondo y a cinco personas más -entre ellas mandos policiales- por la investigación de la pieza Marbella, englobada dentro de la operación Tándem, en la que investigaba el encargo que Marzena Katarzina habría realizado al excomisario en 2015 sobre el empresario Gómez Zotano, con el objetivo de trazar una estrategia legal que le permitiera recuperar un dinero que reclamaba al empresario por una disputa inmobiliaria.