Calvo no se cierra a acordar el fondo de avales del Govern

Ayer, la vicepresidenta primera del Ejecutivo español, Carmen Calvo, no descartó un acuerdo al asegurar que por el momento no recurrirán ante la Justicia la partida creada por la Generalitat.

Sin embargo, explicó que en el decreto del fondo para fianzas de los políticos catalanes aprobado por el Govern hay “algunas cosas que son difíciles de entender”, y precisó que el Ejecutivo “no va a pasar por alto nada que no pueda ser aceptado legalmente”.

Calvo realizó estas declaraciones durante un acto de Europa Press, que también contó con la presencia de otros ministros como el de Justicia, Juan Carlos Campo; el de Política Territorial, Miquel Iceta; y la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

En dicho encuentro, Carmen Calvo defendió lo “riguroso” que es el Gobierno en estas cuestiones y recordó las “cosas muy complicadas” a las que ha tenido que hacer frente relacionadas con el conflicto político en Catalunya.

En cualquier caso, y sobre el decreto del Govern en sí, la ministra dejó claro que “hay cosas que resultan difíciles de entender” y que Moncloa “no va a pasar por alto nada” que no entre dentro de la legalidad.

Por ello, Calvo señaló que en caso de que se presente recurso, este sería ante el Tribunal Constitucional porque se trata de un decreto ley del Ejecutivo catalán. Al ser preguntada por si el Gobierno español se plantea negociar el decreto con Catalunya, Calvo no aclaró nada al respecto, pero reiteró que “la legalidad no se negocia”.

En este sentido, añadió que el Gobierno español analiza cada día y no solo en el caso de Catalunya, sino también en el del resto de comunidades autónomas; la normativa que van produciendo, con el fin de comprobar si invade o no competencias o si se ajusta a la Constitución.

En este caso, ha insistido en que el Ministerio de Política Territorial, que tiene además una estructura “justo para esto”, está analizando el decreto ley catalán en aquellas partes que puedan ser “inaceptables en su constitucionalidad o legalidad”.

Se cierra el plazo. En el último día de plazo para realizar alegaciones, la defensa del expresident Carles Puigdemont presentó recurso contra la fianza reclamada por el Tribunal de Cuentas en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos de la Generalitat en políticas de acción exterior. En un escrito de once folios, los letrados piden que se anule la caución requerida al considerar que el líder independentista “tiene reconocida inmunidad como europarlamentario” que “alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas”.

“Estamos analizando si el decreto catalán contiene partes fuera de la legalidad”

Vicepresidenta del Gobierno