- Jordi Turull urgió ayer al Gobierno de Pedro Sánchez a decidir “de qué lado del Tribunal Constitucional (TC) está” y a buscar una salida a los “presos y exiliados” por el procés, después de que dos magistrados “hayan puesto en duda que España sea un Estado de derecho” en la sentencia que avaló sin unanimidad el delito de sedición. “No hay valentía, no hay coraje, y les pido que reflexionen porque ya no tienen excusa”, se sinceró el exconseller, que emplazó a Moncloa a posicionarse “del lado de quienes en aras de la unidad de España se cargan derechos o del lado de aquellos que defienden que no hay Estado de Derecho sin un escrupuloso respeto a los derechos y libertades fundamentales”. En la misma línea se dirigió a los magistrados y fiscales de las causas relacionadas con el 1-O, a los que planteó la misma disyuntiva, y enfatizó: “La Historia los juzgará”.

Su abogado Jordi Pina cree que los votos particulares del Constitucional abren la esperanza de cara al recurso que presentarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para lo cual tienen un plazo máximo de cuatro meses que no prevén agotar, como tampoco esperarán a conocer la resolución sobre el resto de condenados por el 1-O. “Llámenme malpensado, pero si nos esperásemos a los otros y tenemos cuatro meses para presentar la demanda, la próxima resolución del Constitucional no sería hasta dentro de cinco meses”, ironizó.

En paralelo, Meritxell Serret, la exconsellera exiliada en Bélgica, reconoció en el Supremo que pese a que recibió las advertencias del TC decidió desobedecer y seguir adelante con el procés por ser “un mandato popular”, si bien defendió que su departamento de Agricultura no destinó ningún pago para el 1-O, por lo que, a su juicio, no incurrió en malversación. Serret estuvo arropada por una delegación de líderes soberanistas encabezada por el líder de ERC, Pere Aragonès, que exigieron una ley de amnistía como solución democrática en Catalunya y que el Estado español abandone su política de “venganza”. Por su parte, el Supremo confirmó el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que ordenó que se retirase a Quim Torra su credencial de diputado autonómico, lo que conllevaba su inhabilitación, tras la condena del TSJC por desobediencia, al no cumplir la resolución de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las generales del 28-A de 2019.

Este clima judicial se desarrolla en medio de las negociaciones entre Esquerra y Junts para formar un nuevo Govern independentista, algo que puede poner en riesgo el pacto de investidura entre la CUP y Aragonès. Los antisistema advirtieron ayer a ERC que su voto a favor no es incondicional. Diversos puntos del consenso generaron incomodidad, incluso rechazo, en las filas de JxCat, que de hecho se negó a hacer suyo el documento. El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer advirtió de que, si rompe el acuerdo “de mínimos” al que llegaron a finales de marzo, también se romperá automáticamente el compromiso de los anticapitalistas.