- La Ley Antipandemia presentada por PNV y PSE comienza su recorrido en el Parlamento Vasco con un leve resquicio abierto al acuerdo. Prácticamente todos, a excepción de la ultraderecha de Vox, coinciden en que Euskadi necesita una armadura jurídica para reforzar sus competencias ante el coronavirus, en vista de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha rechazado medidas como el cierre de bares en zona roja o la limitación de las reuniones, y más aún si el paraguas del estado de alarma va a caer el 9 de mayo. Esa evidencia añade presión a los grupos para entrar en una negociación y dar una oportunidad a una norma que ven necesaria, aunque discrepen de su contenido. La proposición de ley fue admitida ayer a trámite con la mayoría absoluta de PNV y PSE, pero también con la abstención ya anunciada desde Elkarrekin Podemos-IU, que pide una negociación al Gobierno Vasco y amaga con votar en contra en junio si no se produce; y se sumó la abstención de EH Bildu, que evita que el PNV haga la lectura de que es más generosa con la reforma del PP en el Congreso que con la ley vasca.
Las dos bancadas de izquierda coinciden en criticar el tratamiento de las sanciones. Al margen de Vox, solo PP+C’s confirmó el voto en contra con el argumento de que no hay que comenzar la casa por el tejado y debe redactarse antes una norma estatal que establezca criterios comunes. Pero se le recordó que el popular Alberto Núñez Feijóo también ha aprobado ya una ley en Galicia. El PP deja legislar en Galicia, pero pone condiciones previas en Euskadi. Ese veto puede deberse a que el Gobierno español ha recurrido la ley gallega y se ha visto su vulnerabilidad, pero la ley gallega tiene aspectos más dudosos porque obliga a vacunarse y se considera que la seguridad jurídica de la vasca es mayor. Los socialistas pidieron “coherencia” al PP, y el PNV aludió igualmente a la reforma que impulsa Casado desde el Congreso de los Diputados porque Casado admite que faltan herramientas. PP+C’s se abrió a presentar enmiendas y ofreció negociar la ley si se produce antes un diálogo con el Gobierno español sobre el marco estatal, pero se tomó como un brindis al sol o una intención de rehacer toda la ley.
El Parlamento dio luz verde a que la ley se pueda tramitar, y lo hará por vía de urgencia, con la expectativa de que vea la luz en torno al 24 de junio. La aprobación está garantizada con la mayoría absoluta de PNV y PSE, pero están teniendo contactos con la oposición para que el consenso sea más amplio. Sobre todo, hay opciones con Elkarrekin Podemos-IU. El PNV ofreció “colaboración y consenso”.
El único escaño de la ultraderecha de Vox ha amenazado ya con un recurso en el Tribunal Constitucional. Con la palanca de sus más de 50 diputados en el Congreso de los Diputados, puede tratar de frenar desde Madrid una ley que le es imposible paralizar desde Euskadi porque los votantes no le han dado esa fuerza. En cualquier caso, la mera presentación del recurso no paraliza automáticamente la ley mientras se decide sobre el fondo del asunto. Es una potestad que solo tiene el Gobierno español (como ha sucedido en Galicia, con la congelación de la vacuna obligatoria), pero el recurso está descartado.
Las conversaciones con Elkarrekin Podemos-IU se han traducido en su abstención y en que este grupo sea el que ha apostado con mayor claridad por una negociación. Esta bancada ya negoció las Cuentas de 2021, aunque rechazó la última oferta del consejero Azpiazu. Su portavoz Miren Gorrotxategi admitió que “necesitamos” una Ley Antipandemia, y aclaró que su grupo “no va a ser una oposición irresponsable”. No obstante, avisó de que su abstención es crítica y está condicionada a un proceso de negociación con el Gobierno Vasco. Destacó que esta ley “regula el castigo y no define la gestión ni la acción efectiva frente a la pandemia, lo que se traduce en poner parches y no soluciona nada”; y mencionó también que su grupo propondrá “asegurar las condiciones habitacionales en futuros confinamientos”, así como cuestiones referidas a los servicios de cuidados y el acceso presencial a los servicios de la administración.
EH Bildu también se abstuvo y planteó la posibilidad de mejorar esta ley, aunque su tono no invitó al optimismo. Tras haber asegurado en las jornadas anteriores que esta ley tiene un carácter punitivo, ayer repitió que “casi un tercio de la ley” se dedica a las sanciones, echa en falta un mecanismo de compensación para los sectores afectados, recriminó incluso la “chapuza lingüística” de la propuesta y, en un tono más político, cargó contra la “impotencia” que demostraría el Gobierno Vasco para gestionar la situación desde sus propios medios, en alusión velada a las carencias que podría tener la ley sin un estado de alarma. Iriarte dijo que su grupo ha apostado por la abstención porque en la tramitación pondrá en valor “instrumentos soberanos para proteger y cuidar a la gente”. “Está en manos del Gobierno”, zanjó.
PNV y PSE defendieron esta ley a capa y espada porque permite activar un armazón jurídico y exprimir las posibilidades del autogobierno. Se recogen cinco niveles de alerta y el corpus de medidas que ya se conoce y que abarca desde el uso de la mascarilla y las distancias, hasta las limitaciones de aforos, los condicionantes para usar el interior de los bares y las horas de cierre, además de sanciones de 100 a 600.000 euros (las más graves hacen alusión a eventos multitudinarios, y las más leves, a no suministrar información a las autoridades). Se produjo un debate intenso con PP+C’s por su voto en contra, mientras que en Galicia Feijóo ha aprobado su propia ley. La posición la tuvo que defender C’s, con su portavoz Luis Gordillo. Pese a la contradicción que le afeó el socialista Ekain Rico, insistió en que primero habría que fijar criterios comunes desde el Estado y, a partir de ahí, las comunidades podrían ir desarrollando sus leyes. El PP se garantiza el protagonismo con la reforma de la Ley 3/1986 que ha planteado Casado en el Congreso. Gordillo dijo que el caso gallego es distinto al vasco porque es una reforma de una ley.
Criticó que la norma vasca no haya llegado como proyecto de ley del Gobierno, lo que hubiera requerido una serie de informes y garantías jurídicas. Sobre el fondo, se centró en culpar al presidente español del vacío jurídico por no haber sido capaz de presentar una reforma que dé cobertura en ausencia del estado de alarma. “Ante la dejación de funciones de Sánchez, nos presentan esta propuesta”, dijo. En ese sentido, Gordillo se negó a que puedan existir gestiones “asimétricas, 17 reinos de taifas”. Se mostró de acuerdo en que hay que adoptar medidas autonómicas, pero apostó en todo caso por hacer primero una “legislación nacional”, negociar unos criterios mínimos con el Gobierno español, y después regular desde las autonomías, donde se abrió a la presentación conjunta de una ley. Rico vio una “decisión política disfrazada de argumentos jurídicos”.
El jeltzale Luis Javier Telleria planteó la hipótesis de que el 9 de mayo acabe el estado de alarma, y defendió que “requerirá de nuevos armazones jurídicos”. Apostó por “crear algo jurídicamente sólido para que, desde nuestras competencias, podamos decidir, aunque para algunos casos se establece la salvaguarda de los jueces”. Rico aseguró que la ley permitirá disponer de herramientas “tanto si cae el estado de alarma, como si no”. Pidió exprimir el autogobierno, y aclaró que la ley no entra en asuntos fuera de las competencias vascas.
Ander Rodríguez en Bildu. El parlamentario de EH Bildu Ander Rodríguez dejará esta semana el cargo para incorporarse como investigador predoctoral al Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV/EHU, una actividad incompatible con la labor de parlamentario. Rodríguez se incorporó en septiembre de 2019 y será sustituido por Garikoitz Mujika, periodista y secretario de Alcaldía durante el mandato de Juan Karlos Izagirre en Donostia.
“La caída del estado de alarma requerirá de nuevos armazones jurídicos”
Parlamentario del PNV
“Demuestran la impotencia para gestionar con sus propias medidas”
Portavoz del EH Bildu en el Parlamento
