- El Gobierno Vasco quiere realizar todos los movimientos que estén en su mano para reforzar la seguridad jurídica de las medidas contra el coronavirus. Y lo que está en su mano es que PNV y PSE impulsen la Ley Antipandemia para que sea aprobada a finales de junio en el Parlamento Vasco, y que los servicios jurídicos redacten un informe para aclarar qué margen de actuación va a tener el Ejecutivo de Urkullu si cae el estado de alarma el 9 de mayo, particularmente en el plazo de dos meses hasta que se apruebe la Ley Antipandemia.

En cuanto a la ley, es un volcado de las medidas diseñadas para hacer frente a los cinco niveles de alerta posibles. Son cuestiones conocidas, y se recoge también el uso de la mascarilla y el seguimiento de los contactos. Dando rango de ley a las medidas, el Gobierno Vasco entiende que se refuerzan ante eventuales recursos, aunque no hay intención de saltarse el control de los tribunales. Se recogen limitaciones de aforo, reuniones sociales; cierres perimetrales de zonas, establecimientos o instalaciones determinadas hasta su limpieza y desinfección; límites para la movilidad, restricciones para la circulación nocturna y el cierre de bares a las 20.00 horas y condicionantes para la atención en el interior de los establecimientos hosteleros. En algunas cuestiones se remite a los límites máximos que apruebe el estado de alarma, y algunos grupos de la oposición creen que la ley va a quedar en papel mojado sin esa cobertura del Estado.

En paralelo, el Gobierno Vasco está a la espera de un informe jurídico que aclare qué medidas se pueden tomar desde el 9 de mayo hasta la aprobación de esta ley en junio si cae el estado de alarma. El Ejecutivo espera que arroje luz sobre las medidas que se pueden activar sin estado de alarma y en el caso de que el Consejo Interterritorial no tenga capacidad para blindar las decisiones que tomen las comunidades por consenso. Ese informe precisará qué medidas se pueden adoptar, y de qué manera. La vicepresidenta Calvo ha admitido que, sin alarma, caerá el toque de queda nocturno, y ofrece la opción de que el Consejo Interterritorial cierre una comunidad especialmente afectada, pero no es algo que tenga reflejo en ninguna ley. La ministra Robles admitía sus dudas para restringir derechos sin estado de alarma.