- El pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que eleva a 35 años la edad desde la que empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores, elimina el Síndrome de Alienación Parental, obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia. El texto fue aprobado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC, BNG, Compromís, Más País, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe, Foro Asturias y Coalición Canaria; el voto en contra de Vox y del PNV; y la abstención de Junts, PDeCAT, EH Bildu, la CUP y UPN.
El PNV explicó ayer su voto en que la ley “supone una regresión competencial, una recentralización y un direccionamiento hacia una invasión de competencias”. Durante su intervención, el diputado jeltzale Iñigo Barandiaran lamentó que se haya optado por “imponer textos normativos, que además de invadir competencias autonómicas, resultarán ineficaces para el fin que se persiguen, ya que la uniformidad nunca es la herramienta adecuada”. Por ello, y “con harto dolor del corazón”, el PNV se vio en la “obligación” de votar en contra. Barandiaran se preguntó si era necesaria la ley o si bastaba con modificaciones puntuales de leyes en vigor, y dijo que “las medidas se deben tomar allí donde corresponde”. En este contexto, garantizó que el PNV votará a favor de esta ley “cuando sea producto del Parlamento Vasco”, en el segundo semestre de este año.
