- El Gobierno español es una isla y, a su alrededor, tiene un mar de peticiones para mantener el estado de alarma más allá del 9 de mayo o activar un plan alternativo. El presidente Sánchez se está enfrentando no solo a la oposición, sino también a sus socios con este debate, y les niega una solución, lo que va a convertir la gestión de la pandemia y las restricciones de la movilidad en una odisea en sus comunidades. Solo la expectativa de que cambie de opinión tras las elecciones de la Comunidad de Madrid evitó que el encontronazo pasara a mayores. Desde la oposición, el PP sí declaró la guerra al PSOE y movió ficha por boca de Casado, quien volverá a llevar al Congreso la propuesta de reforma de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública 3/1986, para tocar el artículo 3 que solo permite establecer restricciones para los enfermos y sus contactos. Planteará un procedimiento de urgencia y lectura única para que esté lista en quince días. Esta reforma ya fue tumbada por una amplia mayoría, pero el PP ha tomado nota del clamor a favor de un paraguas legal y cree que puede tener opciones. Sánchez se expone a que los grupos hagan movimientos. La presión crece.

Desde sus socios preferentes del PNV, piden a Sánchez que mantenga el estado de alarma o, en su defecto, que se ponga en marcha una reforma exprés de la legislación ordinaria para permitir a las comunidades que limiten la movilidad y, mientras se tramita, se mantenga por unas semanas la alarma como colchón. El PNV plantea esta legislación como puente entre el 9 de mayo y la vacunación masiva a finales de agosto. El portavoz Aitor Esteban le desmintió que las comunidades tengan herramientas suficientes y avisó de que levantar el estado de alarma es una “temeridad”. “Sin él, no se pueden hacer cierres perimetrales ni toque de queda”, dijo, para añadir después que tampoco basta con los acuerdos unánimes del Consejo Interterritorial. Recordó que hasta finales de agosto habrá que seguir gestionando las restricciones, y avisó de que retirar el estado de alarma supone enviar “un mensaje a la ciudadanía de que esto ha pasado”. “Espero que cambie de opinión”, deseó. Añadió que, a juzgar por los pronunciamientos, ahora se generaría “una mayoría en la Cámara” para tocar la Ley 3/1986.

Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua solicitó un “paraguas jurídico consensuado con las comunidades” y vio electoralismo en Sánchez. Ferran Bel, del PDeCAT, aceptó que no se prorrogue la alarma “siempre y cuando diga la alternativa y en base a qué legislación se van a poder restringir actividades”. Compromís recordó que los tribunales volverán a tumbar las medidas como en Euskadi, e Íñigo Errejón pidió una alternativa común. Los nacionalistas gallegos del BNG pidieron una “norma de desescalada”. Desde C’s, Arrimadas exigió a Sánchez que no abandonara el pleno sin explicar un plan para “garantizar la seguridad jurídica y que no sea un guirigay”. Entre los partidos que rechazan la alarma, el PRC de Cantabria y UPN pidieron un plan alternativo para no dar bandazos. Unidas Podemos se ciñó a cargar contra la derecha y solicitar al PSOE que pacten en la Comunidad de Madrid. El grupo de ERC no intervino por estar en aislamiento.

“Ahora generaríamos una mayoría en el Congreso para reformar la ley”

Portavoz del PNV en el Congreso

“Le aceptamos que no prorrogue la alarma siempre y cuando nos diga la alternativa”

Diputado del PDeCAT

“Tiene que aclarar cómo va a garantizar la seguridad jurídica y que esto no sea un guirigay”

Presidenta de Ciudadanos